Llevamos años escuchando el término «transición energética justa». En los foros internacionales y en los discursos gubernamentales suena a promesa de futuro: empleos verdes, parques solares y un agro revitalizado. Sin embargo, cuando se aterriza en el calcinante asfalto de La Jagua de Ibirico o en los alrededores de las minas Calenturitas y La Jagua, en el departamento del Cesar, la palabra «justa» parece, cuanto menos, una ironía.
Para entender la brecha entre el papel y la calle, hay que mirar a quienes hace apenas unos años dominaban a los gigantes de acero. Los operadores de maquinaria pesada que ganaban salarios competitivos extrayendo carbón para el Grupo Prodeco, hoy se enfrentan a una realidad que poco tiene de verde y mucho de informal.
De los camiones mineros al mototaxismo
El quiebre comenzó en 2020 y se materializó a finales de 2021, cuando se aceptó la renuncia de Prodeco a sus títulos mineros. El cierre anticipado dejó un cráter económico en el centro del Cesar. De la noche a la mañana, miles de trabajadores directos e indirectos se quedaron en el limbo.
¿De qué viven hoy? La cruda realidad es que la reconversión laboral masiva e inmediata no existió. Mientras las agencias estatales diseñaban planes a largo plazo, el hambre no daba espera. La Jagua de Ibirico vio su tasa de desempleo dispararse del 10 % a rondar el 25 %. Sin grandes industrias que absorbieran la mano de obra calificada, muchos exoperadores terminaron en el rebusque. Hoy, las calles de La Jagua están saturadas de mototaxis manejados por hombres que antes operaban volquetas de 200 toneladas. Otros, asfixiados por las deudas y la falta de oportunidades, migraron hacia otras zonas del país o incluso al exterior, desintegrando el tejido social del municipio.
Las cifras oficiales: Pilotos vs. Realidad
El Estado no ha estado completamente ausente, pero sus esfuerzos se sienten como intentar apagar un incendio forestal con vasos de agua.
Si revisamos las acciones del Ministerio del Trabajo y el SENA, encontramos iniciativas recientes, pero de un alcance dolorosamente limitado frente a la magnitud de la crisis:
- A finales de 2025, el Gobierno Nacional entregó con gran despliegue mediático las «primeras licencias laborales» a extrabajadores para promover su inclusión en proyectos de energía solar.
- Se lanzó un plan piloto gubernamental en alianza con cooperación internacional (como la AFD francesa y la OIT) para capacitar a la población en agricultura, turismo y logística. ¿El número inicial de beneficiarios en ese piloto? Apenas 90 trabajadores y extrabajadores en todo el llamado «Corredor de la Vida».
- Existen cooperativas formadas por los mismos exmineros que han logrado acceder a formación en mecánica y paneles solares a través del SENA, pero son casos excepcionales que dependen del esfuerzo casi titánico de sus líderes sindicales.
El contraste es abismal. Hablamos de una crisis que afectó a más de 7.000 trabajadores en la cadena del carbón en la región, a los cuales un piloto de 90 cupos, o un documento CONPES aún en estructuración, no les resuelve el recibo de la luz ni la comida de la semana.
La reconversión no se hace con discursos
El concepto de «transición justa» asume que nadie se queda atrás al cambiar de modelo productivo. Pero en el corredor minero del Cesar, la transición energética ocurrió por la vía del apagón corporativo y el abandono, no por una reconversión planificada.
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Para que la transición sea algo más que un eslogan de campaña o un compromiso firmado en cumbres climáticas, el Estado necesita cambiar de escala. Las certificaciones del SENA en paneles solares son un buen primer paso, pero si no hay parques solares masivos ya construyéndose en la región, contratando localmente con salarios dignos, el cartón del SENA se convierte en un adorno.
Hoy, para cientos de familias en La Jagua de Ibirico, la «reconversión laboral» fue obligatoria, dolorosa y sin red de apoyo: se reconvirtieron, a la fuerza, en desempleados, trabajadores informales o migrantes. Mientras el país aplaude el avance hacia las energías limpias, en el Cesar todavía están esperando que la justicia de esa transición baje de los estrados del Gobierno y llegue, por fin, a las calles de sus barrios.