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La exfiscal Lucy Marcela Laborde, quien durante dos años estuvo al frente del proceso contra Nicolás Petro, lanzó graves señalamientos contra la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Aseguró que Camargo le pidió retirar el lavado de activos de Nicolás Petro y mantener únicamente el delito de enriquecimiento ilícito.
En una entrevista concedida a Semana, Laborde también afirmó que un abogado del hijo del expresidente Gustavo Petro le comunicó que un eventual preacuerdo había sido consultado con la Presidencia. Según su relato, allí no habrían aceptado que Nicolás Petro terminara condenado por lavado de activos.
Camargo y el lavado de activos de Nicolás Petro
Laborde relató una reunión realizada en el despacho de la fiscal general en la que participaron Camargo, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero, Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales, Alexandra Ladino, entonces directora contra el Lavado de Activos, y ella.
Según la exfiscal, Camargo le preguntó cómo veía jurídicamente el lavado de activos dentro del expediente. Laborde respondió que consideraba configurado ese delito y explicó las razones relacionadas con los movimientos de dinero y bienes que sustentaban la acusación contra Nicolás Petro.
Antes de plantearle retirar el delito, según Laborde, Camargo preguntó a Aura Liliana Trujillo qué consecuencia podría generar una condena por lavado de activos. La respuesta que la exfiscal atribuyó a Trujillo fue que Nicolás Petro “ingresaría a la lista OFAC”.
Después de esa conversación, Laborde asegura que Camargo le planteó dejar únicamente el enriquecimiento ilícito y establecer una pena elevada. La exfiscal atribuyó también a su entonces superior la consideración de que esa pena podría ser cumplida en una guarnición militar.
La entrevistadora le preguntó expresamente si Camargo le había dicho que retirara el lavado de activos de Nicolás Petro. Laborde respondió afirmativamente y posteriormente ratificó su relato con una frase contundente: “Así fue, palabras textuales”.
Laborde asegura que rechazó modificar la acusación
La exfuncionaria explicó que no aceptó la propuesta porque, después de revisar la investigación que inicialmente condujo el fiscal Mario Burgos, consideraba que existían elementos para mantener tanto el enriquecimiento ilícito como el lavado de activos.
Según la tesis que expuso en la entrevista, Nicolás Petro habría recibido recursos que no correspondían a sus ingresos lícitos como diputado del Atlántico. Posteriormente, habría realizado negocios y adquirido bienes puestos a nombre de terceras personas para dar apariencia de legalidad al dinero.
Laborde sostuvo que retirar el lavado dejaba sin explicación jurídica esas operaciones. Por esa razón, asegura que durante la reunión defendió mantener la acusación tal como la había recibido y continuó posteriormente con el proceso.
La supuesta consulta del preacuerdo con Presidencia
Otro de los episodios revelados por Laborde ocurrió durante los intentos de alcanzar un preacuerdo con Nicolás Petro. La exfiscal señaló que recibió inicialmente una propuesta que pretendía dejar solamente el delito de estafa y retirar tanto lavado de activos como enriquecimiento ilícito.
Laborde rechazó esa posibilidad. Después, aseguró que recibió otra propuesta que sí mantenía los dos delitos originales, aunque contemplaba una reducción de la pena conforme a las reglas de un preacuerdo.
En ese momento aparece uno de los señalamientos más delicados de la entrevista. Según Laborde, el abogado que llevaba esa negociación le dijo que iba a “socializarlo con Presidencia”.
Posteriormente, siempre de acuerdo con la versión de la exfiscal, el abogado regresó y le manifestó que el acuerdo no había sido aprobado en Presidencia porque Nicolás era hijo del entonces presidente Gustavo Petro y resultaría inconveniente que terminara condenado por lavado de activos.
Laborde no identificó durante ese tramo de la entrevista quién habría tomado esa decisión dentro de la Presidencia. Tampoco afirmó conocer directamente una instrucción de Gustavo Petro sobre el preacuerdo. Cuando le preguntaron si el expresidente habría influido sobre Camargo, respondió que no podía asegurarlo.
Esa precisión resulta fundamental: el señalamiento sobre Presidencia proviene de lo que, según Laborde, le comunicó un abogado durante la negociación y no de una conversación que ella hubiera sostenido personalmente con Gustavo Petro.
Exfiscal denuncia presiones y falta de apoyo
Laborde también relacionó su negativa a modificar el proceso con una serie de situaciones posteriores que interpreta como presiones. Aseguró que trabajó en Barranquilla sin suficientes investigadores, sin asistente permanente, sin oficina propia e incluso sin los recursos básicos que, a su juicio, requería un expediente de esa magnitud.
Además, denunció posibles accesos irregulares al sistema SPOA de la Fiscalía. Según su relato, mientras adelantaba investigaciones derivadas del expediente principal, la defensa de Nicolás Petro obtuvo información sobre algunos radicados y presentó poderes dentro de procesos cuya existencia todavía no debía conocer.
La exfiscal afirmó que una auditoría permitió detectar accesos de funcionarios a una noticia criminal antes de que uno de esos poderes llegara a su despacho. Sin embargo, aclaró que existe una investigación sobre esos hechos y no identificó a una persona como responsable de entregar directamente la información.
Laborde también sostuvo que la captura de dos investigadores vinculados al caso debilitó su capacidad para continuar las pesquisas. Incluso aseguró que en una reunión escuchó que existía una instrucción de la fiscal general para ejecutar rápidamente esas capturas. Se trata igualmente de una acusación de Laborde que deberá ser contrastada dentro de las investigaciones correspondientes.
Camargo ya había negado presiones sobre Laborde
Las afirmaciones conocidas ahora chocan directamente con una posición que Camargo hizo pública desde septiembre de 2025. Después de que Laborde denunciara entonces intromisiones en su trabajo, la fiscal general aseguró por escrito que durante su administración no existía ninguna directriz destinada a afectar la autonomía de los fiscales.
Camargo sostuvo además que nunca había impuesto a Laborde la adopción de una decisión determinada dentro de las investigaciones que manejaba. Esa afirmación adquiere ahora especial relevancia porque la exfiscal sostiene públicamente que ocurrió exactamente lo contrario durante la reunión sobre Nicolás Petro.
La fiscal general también rechazó en julio de 2026 que la salida de Laborde de la entidad tuviera relación con el proceso. Explicó que la funcionaria ocupaba un cargo provisional, no participó en el concurso de méritos y, por esa razón, salió del servicio.
Laborde ofrece ahora otra interpretación. Sostiene que su cargo fue incluido irregularmente en el concurso cuando estaba amparada, según ella, por condiciones relacionadas con su proximidad a la pensión. Además, afirmó que interpuso acciones por presunto acoso laboral.
Nicolás Petro terminó incluido en la lista OFAC
Hay un hecho posterior que añade contexto a la conversación que Laborde atribuye a la cúpula de la Fiscalía. El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó efectivamente a Nicolás Petro en la lista de personas especialmente designadas de OFAC.
Sin embargo, la razón jurídica de esa decisión estadounidense no fue una condena colombiana por lavado de activos. El Tesoro lo designó bajo la Orden Ejecutiva 14059 al señalar que había proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios a Gustavo Petro.
Por tanto, no puede afirmarse que una eventual condena por lavado de activos de Nicolás Petro hubiera producido automáticamente su ingreso a la lista OFAC. Lo que sí asegura Laborde es que esa posibilidad fue discutida durante la reunión inmediatamente antes de que Camargo, según su versión, le planteara retirar el delito.
Las nuevas declaraciones abren así una controversia que trasciende la salida de Lucy Laborde de la Fiscalía. Sus acusaciones ponen ahora en discusión las decisiones que se habrían considerado dentro del propio ente investigador y las conversaciones alrededor de los preacuerdos mientras avanzaba uno de los procesos judiciales más sensibles del anterior gobierno.