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La exministra de Justicia Ángela María Buitrago cuestionó el sustento jurídico del Pacto de Valledupar. Se refirió a las reuniones entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares, realizadas en octubre de 2025.
En una entrevista publicada por El Tiempo el 24 de octubre de 2026, sostuvo que los participantes ya estaban sometidos a la justicia. Por eso, consideró improcedente abrir otra negociación.
Buitrago planteó que los asuntos pendientes debían tramitarse mediante Justicia y Paz. Este sistema de justicia transicional asumió los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El cuestionamiento jurídico a las reuniones
La exfuncionaria salió del Ministerio de Justicia varios meses antes de esos encuentros. Según explicó, no participó en las reuniones ni recibió una propuesta para intervenir.
A su juicio, los excomandantes tampoco encontraban respaldo para otra negociación en la Ley 2272 de 2022, relacionada con la política de paz total.
Buitrago recordó que los procesos judiciales estaban bajo control de los jueces de Justicia y Paz. Su postura no equivale a una decisión judicial sobre la legalidad del Pacto.
La exministra también habló de denuncias sobre presuntas presiones a los antiguos comandantes. Según esos señalamientos, algunos funcionarios habrían pedido declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras.
Buitrago advirtió que involucrar falsamente a alguien en un proceso judicial podría constituir un delito. Las autoridades deben establecer si hubo presiones, ofrecimientos o solicitudes de testimonios falsos.
Los encuentros se realizaron entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, incluida una fase preparatoria. Un informe técnico del Dapre señala que participaron once antiguos comandantes designados gestores de paz.
El propósito declarado era abordar asuntos pendientes del proceso de Santa Fe de Ralito. Entre ellos figuraban la verdad, la reparación de las víctimas y la seguridad jurídica.
Los documentos en disputa y las investigaciones
La controversia también alcanzó los documentos discutidos durante los encuentros. Once excomandantes desconocieron como acuerdo definitivo un texto divulgado por La FM, que incluía propuestas de beneficios judiciales y penitenciarios.
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En cambio, identificaron como declaración final el comunicado conjunto del 24 de octubre de 2025. Esa diferencia es parte de las versiones que rodean el caso.
La Fiscalía abrió una noticia criminal el 31 de agosto de 2026. También compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La Procuraduría abrió el 20 de octubre una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez. Se refiere a actuaciones de ambos durante el gobierno Petro.
El expresidente ha negado haber ordenado presiones a los exparamilitares. Las investigaciones deberán determinar qué ocurrió y cuál fue la responsabilidad individual, si existió alguna.
