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Gobierno y Defensoría protagonizan un choque público por la manera como el presidente Abelardo De La Espriella comunica los resultados militares. La controversia surgió después de que Iris Marín cuestionara las imágenes del mandatario entre cuerpos cubiertos tras la operación Azarías. Rodrigo Lara respondió que era una equivocación equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas.
Gobierno y Defensoría: el origen del choque
La discusión tiene como antecedente la operación Azarías, desarrollada en Guaviare contra estructuras de las disidencias de alias Iván Mordisco. En su pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo citó un reporte de 23 integrantes de esa organización muertos durante la acción militar.
Medicina Legal informó después que recibió 24 cuerpos relacionados con los hechos ocurridos en Lagos del Dorado, zona rural de Miraflores. Hasta el 4 de septiembre, 20 habían sido identificados. Dos correspondían a menores de edad.
La defensora centró su reparo en las imágenes utilizadas para comunicar el resultado. Cuestionó que el presidente apareciera caminando cerca de cuerpos dispuestos en tulas blancas. Para Marín, el problema no es solamente qué puede hacer legítimamente la Fuerza Pública. También importa cómo el Estado presenta públicamente sus victorias.
La Defensoría sostuvo que los cuerpos no deberían convertirse en parte de la “escenografía de una declaración pública”. Además, advirtió que la dignidad humana no desaparece con la muerte.
Iris Marín no cuestionó la operación militar
Ese punto resulta clave para entender la controversia entre Gobierno y Defensoría. Marín no afirmó que el Estado carezca de facultades para combatir a los grupos armados. Por el contrario, reconoció que proteger a la población y enfrentar militarmente a esas organizaciones es un deber constitucional.
La defensora también recordó que el Derecho Internacional Humanitario permite causar la muerte de combatientes bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, señaló que el uso de la fuerza está sometido a límites jurídicos y humanitarios.
Marín reconoció, además, el papel de los integrantes de la Fuerza Pública. Señaló que exponen sus vidas para proteger a las comunidades. Su crítica, por tanto, se concentra en la forma como se exhiben los resultados. No busca negar la legitimidad de las operaciones.
Durante su intervención también mencionó un portal denominado Las bajas del Tigre. Aclaró que no estaba confirmada su condición de página oficial. Según explicó, el sitio contabilizaría muertos y otros resultados operacionales desde la llegada del nuevo Gobierno.
La defensora advirtió sobre el riesgo de convertir el número de bajas en el principal indicador de éxito. Al hacerlo, recordó el antecedente de los llamados falsos positivos. No obstante, precisó que no estaba afirmando que los muertos de la operación Azarías correspondieran a esa lógica.
Lara rechaza una “equiparación” con los grupos armados
Horas después, Rodrigo Lara respondió desde su cuenta en X. El ministro del Interior comenzó reconociendo a la Defensoría como una institución aliada. También aseguró que el Gobierno respeta su mandato de protección a víctimas y derechos.
Luego marcó distancia. Lara calificó como una “triste equivocación” lo que interpretó como una equiparación entre el Estado y las bandas narcoterroristas. “Esa equivalencia no corresponde”, sostuvo.
El ministro defendió el deber estatal de combatir a quienes ejercen violencia contra la población. También pidió la voz de la Defensoría frente a grupos que usan drones, reclutan menores y someten comunidades mediante el terror.
Lara vinculó, además, la controversia con el cambio de política de seguridad de Abelardo De La Espriella. Afirmó que Colombia está poniendo fin al “cinismo” de la Paz Total del gobierno anterior.
“Seguiremos haciendo cumplir la ley”, escribió el ministro. Agregó que el Ejecutivo quiere contar con la Defensoría como aliada de las víctimas.
Qué separa realmente a Gobierno y Defensoría
La diferencia está en la lectura que cada lado hace del mensaje. Lara entiende las palabras de Marín como una equivalencia moral entre el Estado y las organizaciones criminales.
Sin embargo, la defensora reconoce expresamente que el Estado puede usar legítimamente la fuerza. Ese uso debe mantenerse dentro de la Constitución y del Derecho Internacional Humanitario.
Su reparo está dirigido al lenguaje visual y simbólico del poder. Marín sostiene que la autoridad estatal no debe utilizar cadáveres como demostración de dominio. Lara, en cambio, defiende la contundencia del Estado frente a las organizaciones armadas.
Hasta el cierre de esta nota, la respuesta de Lara había circulado en su cuenta de X. Noticias del Cesar no encontró un comunicado equivalente en la página institucional del Ministerio del Interior.
Seguridad, prioridad del primer mes de Abelardo
La controversia ocurre cuando la seguridad ocupa un lugar central en la agenda de Abelardo De La Espriella. La nueva administración ha impulsado operaciones militares y una comunicación mucho más directa de sus resultados.
Ese giro quedó expuesto desde las primeras semanas. Noticias del Cesar analizó esa estrategia en su balance del primer mes de Abelardo De La Espriella. Allí aparecen la seguridad, la emergencia causada por el terremoto y otras decisiones de alto impacto.
Para el Gobierno, esa política busca recuperar autoridad y respaldar a la Fuerza Pública. Para la Defensoría, el Estado fortalece su legitimidad cuando conserva límites frente a quienes los han desconocido.
Así, el choque entre Gobierno y Defensoría no gira principalmente sobre si Colombia debe combatir a los grupos armados. La discusión es otra. Se trata de establecer hasta dónde puede llegar el lenguaje público del Estado cuando presenta a la ciudadanía los resultados de la guerra.
