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El juez Quinto Civil del Circuito de Valledupar, Roger Carrillo, realizó una inspección judicial en los asentamientos ubicados dentro del predio Sabana 1, con el propósito de conocer las condiciones actuales del terreno y evaluar una posible modulación de la orden de desalojo que afecta a miles de familias.
El recorrido incluyó los sectores Brisas de La Popa, Los Guasimales, Bello Horizonte 2 y Altos de Pimienta. En la diligencia participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Valledupar, representantes de la Defensoría del Pueblo y líderes de las comunidades.
La inspección buscó conocer la realidad del predio
Durante la visita, el juez observó que en los asentamientos existen viviendas consolidadas, establecimientos comerciales, vías internas y construcciones de varios pisos. La situación actual es distinta a la registrada cuando se profirió la Sentencia T-946 de 2011, debido al crecimiento de la población y a la transformación urbanística del sector.
La inspección permitió escuchar a los habitantes y conocer las condiciones sociales y económicas de quienes permanecen en el predio. La eventual modulación no eliminaría automáticamente la obligación de restituir el terreno, pero podría ajustar la manera y las condiciones en que debe cumplirse la decisión judicial.
Más de 20.000 personas habitan los asentamientos
Las autoridades locales han estimado que más de 20.000 personas viven actualmente en los cuatro asentamientos de Sabana 1. Dentro de esa población hay familias desplazadas, menores de edad, adultos mayores y otros ciudadanos que podrían tener la condición de sujetos de especial protección constitucional.
La Corte Constitucional ha señalado que los desalojos que involucren población desplazada o vulnerable deben estar acompañados por una caracterización previa y por alternativas de vivienda o atención institucional. La protección de estas familias debe armonizarse con los derechos de los propietarios del terreno.
Alcaldía propuso comprar el predio
La administración municipal solicitó modificar la forma de cumplimiento de la Sentencia T-946 de 2011 para estudiar una eventual compra del terreno y evitar un desalojo masivo.
La propuesta busca que el municipio pueda negociar con la familia Pimienta, propietaria del predio, y avanzar hacia una solución que reconozca sus derechos patrimoniales y, al mismo tiempo, proteja a las familias vulnerables que llevan años viviendo en la zona.
Sin embargo, una eventual compra requeriría avalúos, disponibilidad presupuestal, estudios jurídicos y un acuerdo sobre el valor del terreno. Por ahora, no existe una negociación definitiva ni una autorización para legalizar automáticamente los asentamientos.
La orden de desalojo sigue vigente
La visita judicial no suspendió ni anuló la orden de desalojo. Actualmente, la Inspección Séptima Urbana de Policía programó la diligencia para el 31 de agosto de 2026, en cumplimiento del auto 0163 del 28 de mayo, que reanudó el proceso por ocupación de hecho.
La Alcaldía deberá coordinar con la Policía, la Defensoría del Pueblo y otras entidades las condiciones logísticas y humanitarias del procedimiento. También tendrá que identificar a las familias que requieren protección especial y determinar las medidas que se adoptarán para evitar vulneraciones de derechos.
¿Qué significa modular la sentencia?
La modulación consistiría en ajustar la forma, los plazos o las condiciones para cumplir la orden judicial, teniendo en cuenta que la situación social y física del predio cambió desde 2011.
Esa alternativa podría permitir una ejecución gradual, la protección diferenciada de las familias vulnerables o la búsqueda de una solución negociada. Sin embargo, cualquier modificación deberá ser adoptada por la autoridad judicial competente y respetar tanto los derechos de los habitantes como los de los propietarios.
Por ahora, el recorrido del juez constituye un elemento adicional para valorar la situación de Sabana 1. La decisión sobre una eventual modulación sigue pendiente, mientras las comunidades permanecen a la espera de una definición judicial antes de la fecha prevista para el desalojo.
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