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La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un balance crítico sobre la política de paz total del Gobierno Petro. Según la organización, la estrategia dejó más costos que beneficios para Colombia. Además, varios grupos armados aprovecharon los diálogos para fortalecer sus estructuras.
El informe señala que algunas negociaciones lograron avances puntuales. Sin embargo, esos resultados no compensaron el deterioro de la seguridad en varias regiones. Por eso, la FIP considera que el balance general de la política resulta negativo.
Grupos armados aumentaron su capacidad
La FIP advirtió que varias organizaciones ilegales crecieron durante los últimos años. Además, ampliaron su presencia en zonas estratégicas y fortalecieron el control sobre economías ilícitas.
Al mismo tiempo, aumentaron las disputas entre estructuras armadas. Estos enfrentamientos afectaron a comunidades rurales y elevaron los riesgos para la población civil. También aumentaron los desplazamientos, confinamientos y amenazas.
Los ceses al fuego redujeron algunos choques con la Fuerza Pública. No obstante, varios grupos usaron esos periodos para moverse hacia nuevos territorios. Asimismo, reforzaron sus redes de financiación y reclutamiento.
La paz total tuvo avances limitados
La Fundación reconoció algunos logros en las mesas de diálogo. Por ejemplo, ciertas negociaciones permitieron disminuir temporalmente la violencia en territorios específicos.
Sin embargo, muchos procesos no alcanzaron acuerdos duraderos. Además, algunas mesas enfrentaron rupturas, divisiones internas y constantes incumplimientos. En consecuencia, la incertidumbre aumentó entre las comunidades.
Para la FIP, el Gobierno no definió reglas claras desde el comienzo. Tampoco diferenció de manera suficiente a los grupos políticos de las estructuras criminales. Por esta razón, la estrategia perdió credibilidad y capacidad de control.
Comunidades soportaron los mayores costos
El informe indica que la población civil sufrió los principales efectos de la crisis. En distintas regiones continuaron las extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad.
Asimismo, persistió el reclutamiento de menores y jóvenes. Los grupos armados también impusieron normas propias y limitaron la presencia de las instituciones estatales.
Aunque algunas comunidades respaldaron los diálogos, también reclamaron mayores garantías. Además, pidieron acciones concretas contra quienes incumplieron los compromisos y mantuvieron sus actividades ilegales.
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El nuevo Gobierno heredará un panorama complejo
La administración entrante recibirá grupos con mayor capacidad operativa y presencia territorial. Por eso, deberá revisar los procesos abiertos y decidir cuáles negociaciones pueden continuar.
La FIP recomendó combinar el diálogo con una estrategia efectiva de seguridad. Además, pidió fortalecer la justicia, la inteligencia y la presencia social del Estado en las regiones.
El próximo Gobierno también deberá proteger a líderes sociales y comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, tendrá que enfrentar las economías ilegales que financian a los grupos armados.
FIP pide una política con reglas claras
La Fundación considera necesario establecer condiciones verificables para cualquier negociación futura. Asimismo, propone definir consecuencias concretas frente a los incumplimientos.
Según el análisis, cada organización requiere un tratamiento diferente. Por ejemplo, no todos los grupos tienen la misma naturaleza, estructura o motivación. Por eso, una sola fórmula no resulta adecuada para todos.
Finalmente, la FIP pidió fortalecer la coordinación entre las entidades estatales. También recomendó establecer metas realistas y mecanismos de seguimiento. De esta forma, el país podría evitar que nuevos diálogos terminen fortaleciendo a las estructuras ilegales.