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La participación de Churo Díaz en la Fiesta del Mar abrió una nueva controversia en Santa Marta. La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar presentó un derecho de petición ante la Alcaldía para solicitar que revise la contratación del cantante mientras avanza el proceso penal que enfrenta en Valledupar.
La petición pone el foco no solo en la presencia del artista dentro de la programación, sino también en el uso de recursos públicos para financiar su presentación. El caso coincide con la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento programada contra el intérprete vallenato.
Derecho de petición pone la lupa sobre el contrato
En el documento conocido por este medio, Vera Salazar solicita que la administración distrital entregue información sobre el contrato suscrito para la presentación de Churo Díaz. También pide conocer cuánto dinero público fue destinado al espectáculo y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar al cantante.
La defensora de derechos humanos solicitó, además, que la Alcaldía evalúe la posibilidad de cancelar la presentación mientras la justicia define la situación jurídica del artista. La petición no constituye una orden judicial ni anticipa una responsabilidad penal, pero obliga a la administración a responder los interrogantes planteados.
Churo Díaz aparece en la programación oficial
La controversia surge cuando Santa Marta inicia la Fiesta del Mar 2026, celebración programada entre el 23 y el 29 de julio con conciertos, competencias náuticas, actividades gastronómicas y eventos culturales. Churo Díaz aparece entre los artistas anunciados por la administración distrital para la agenda musical.
Su presentación está prevista para el 28 de julio en la tarima de la playa Los Cocos, dentro de una jornada que también contempla la coronación de la Capitana Nacional del Mar. La programación incluye a otros artistas como Gusi, Beéle, Elder Dayán Díaz y diferentes exponentes de la música del Caribe.
Audiencia judicial coincide con la controversia
El debate por la contratación coincide con la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra Jorge Iván Díaz Lafaurie, nombre de pila del cantante. La diligencia fue programada para este jueves 23 de julio, a partir de las 8:00 de la mañana.
El proceso se desarrolla de manera virtual ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar. La Fiscalía 16 Seccional busca formularle imputación por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años agravado y solicitar una medida de aseguramiento.
La formulación de imputación no representa una condena ni determina por sí sola la responsabilidad del artista. Churo Díaz conserva la presunción de inocencia y será el proceso judicial el encargado de establecer si existen elementos suficientes para que la investigación avance hacia otras etapas.
El cantante acudió previamente a la Fiscalía
Dos días antes de la audiencia, Churo Díaz se presentó en la sede de la Fiscalía General de la Nación en Valledupar. El artista llegó acompañado por su abogado, Keyner Sanmartín, para atender un interrogatorio relacionado con el proceso que ahora continúa ante un juez de control de garantías.
El cantante también ha rechazado públicamente las acusaciones y ha manifestado que confía en la justicia para esclarecer lo sucedido. Su defensa deberá responder a los señalamientos de la Fiscalía durante el trámite judicial y presentar los argumentos que considere necesarios.
Alcaldía deberá responder por los recursos públicos
El derecho de petición trasladó ahora parte de la discusión a la Alcaldía de Santa Marta. La administración deberá explicar las condiciones de la contratación, el origen de los recursos utilizados y si existen cláusulas que permitan modificar o cancelar la presentación.
La decisión administrativa tendrá que respetar tanto la protección de los derechos de los menores como la presunción de inocencia del cantante. Mientras tanto, la permanencia de Churo Díaz en la Fiesta del Mar continúa generando opiniones divididas entre quienes piden retirar al artista y quienes consideran que debe esperarse una decisión judicial.