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El primer mes de Abelardo De La Espriella en la Presidencia termina muy lejos del escenario que probablemente imaginó cuando asumió el poder el 7 de agosto. Apenas tres días después, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió buena parte de Colombia y obligó al nuevo Gobierno a cambiar prioridades, movilizar recursos y asumir una emergencia nacional antes de terminar de instalarse.
Sin embargo, los primeros 30 días también permiten identificar el rumbo que el mandatario ha querido imprimirle a su administración. La seguridad ocupa el centro de esa apuesta. Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta unas finanzas públicas estrechas, la crisis del sistema de salud y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Además, comenzó a intervenir asuntos cotidianos, como las fotomultas y los costos de los trámites de tránsito.
Un terremoto cambió la agenda apenas comenzaba el Gobierno
El terremoto del 10 de agosto se convirtió en la primera prueba de grandes proporciones para De La Espriella. Con corte al 30 de agosto, el balance oficial registraba 452.782 personas afectadas en 497 municipios de 16 departamentos. También reportaba 331 fallecidos, 4.497 heridos y 152 desaparecidos.
La emergencia también dejó 35.987 viviendas destruidas y otras 198.601 averiadas. A eso se sumaron daños en colegios, centros de salud, acueductos, puentes y vías. El Gobierno calculó inicialmente que la reconstrucción superaría los $30 billones, una presión considerable para unas cuentas públicas que ya presentaban dificultades.
El presidente declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica y puso en marcha ayudas de arrendamiento, alivios financieros y programas de reconstrucción. Asimismo, trasladó buena parte de su agenda a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y otras regiones golpeadas. La tragedia terminó reforzando una característica que ya comenzaba a mostrar su administración: gobernar con mayor presencia fuera de Bogotá.
La seguridad aparece como la principal prioridad
Si el terremoto fue la gran emergencia inesperada, la seguridad ha sido la prioridad deliberada del primer mes de Abelardo De La Espriella. El propio presidente la definió el 23 de agosto como el “eje fundamental” de su Gobierno y desde entonces ha aumentado la presión militar contra estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.
El Cesar estuvo directamente dentro de esa agenda. Tras un ataque con drones explosivos atribuido al ELN en zona rural de Pelaya, De La Espriella encabezó el 28 de agosto un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar. Allí ordenó un plan de choque y el fortalecimiento de capacidades antidrones. Días después también se registraron ataques contra militares en el Catatumbo.
Paralelamente, el Gobierno reactivó operaciones ofensivas y bombardeos contra grupos armados. Las Fuerzas Militares informaron, al cierre de las primeras tres semanas, 702 capturas y 21 integrantes de estructuras ilegales muertos durante operaciones. Posteriormente se produjeron nuevos golpes contra objetivos de alto valor.
La ruptura con la política de “Paz Total” del anterior Gobierno también quedó definida. Primero terminó tres procesos heredados y, el 4 de septiembre, el presidente anunció el cierre de las mesas y conversaciones sociojurídicas que permanecían vigentes. Además, ordenó avanzar en capturas y extradiciones cuando jurídicamente correspondiera.
Ese enfoque también abrió controversias. La forma de comunicar algunas operaciones militares, especialmente la exhibición pública de cuerpos después de una ofensiva en Guaviare, generó críticas de sectores políticos y defensores de derechos humanos. Analistas de seguridad han advertido, además, que la ofensiva deberá convertirse en una estrategia sostenida contra las estructuras criminales y mantenerse dentro del Derecho Internacional Humanitario.
Poco margen fiscal para atender muchos problemas
El segundo gran desafío estructural está en las cuentas del Estado. Antes de la posesión, análisis económicos ya advertían que el nuevo Gobierno tendría que enfrentar un fuerte ajuste fiscal. La República estimó entonces un déficit cercano al 6,4 % del PIB y una necesidad de ajuste de alrededor de $70 billones.
Posteriormente, el presidente afirmó que recibió un déficit del 7,8 % del PIB y que para el 7 de agosto ya se había utilizado el 97 % de la capacidad anual de endeudamiento. Aunque corresponden a cortes y metodologías diferentes, ambas referencias muestran el mismo problema: el Gobierno comenzó con poco espacio financiero y, tres días después, apareció una reconstrucción multimillonaria.
La administración respondió con una agenda de austeridad, revisión del gasto y auditorías sobre la gestión anterior. También entregó a los organismos de control el denominado “Libro de la Verdad”, con hallazgos que deberán investigar Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Es importante señalar que esos documentos constituyen denuncias y reportes del Ejecutivo, no decisiones judiciales sobre responsabilidades.
Además, el Gobierno radicó un nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $635 billones. El equipo económico también ha planteado recortes y ajustes adicionales para intentar estabilizar las finanzas públicas.
Salud: una crisis que todavía espera una solución estructural
Otra de las grandes pruebas heredadas es el sistema de salud. De La Espriella llegó al poder prometiendo un plan de choque de hasta $10 billones durante sus primeros 90 días para recuperar atención, medicamentos y flujo de recursos. Sin embargo, el terremoto introdujo nuevas presiones presupuestales y operativas sobre esa hoja de ruta.
Durante las últimas semanas, el presidente ha intervenido personalmente en casos de niños cuyos reclamos de atención se volvieron virales. Algunas respuestas fueron rápidas, especialmente frente a casos relacionados con la Nueva EPS. No obstante, el verdadero examen seguirá siendo transformar esas soluciones individuales en una respuesta capaz de atender a miles de pacientes que enfrentan retrasos similares.
Por eso, salud aparece como uno de los asuntos pendientes más importantes del primer mes. El Gobierno ha mostrado capacidad de reacción, pero todavía deberá demostrar si puede estabilizar financieramente el sistema dentro del plazo que se impuso.
Fotomultas: del discurso sobre el bolsillo a los primeros hallazgos
Un frente menos dramático, pero muy cercano a la vida cotidiana de millones de colombianos, surgió con las multas y los trámites de tránsito. El 29 de agosto, De La Espriella anunció un proyecto para reducir hasta en 50 % el valor de las multas, disminuir el costo de los cursos para acceder a descuentos y revisar el precio y la vigencia de las licencias.
En ese mismo paquete puso el foco sobre las fotomultas. El presidente ordenó revisar los sistemas de fotodetección y endurecer los controles para evitar que se conviertan principalmente en mecanismos de recaudo. Esas modificaciones todavía dependen, en varios casos, de decisiones administrativas y del trámite de una iniciativa ante el Congreso.
Precisamente en la víspera de cumplir su primer mes, el Gobierno informó los primeros resultados de esa revisión. Según el presidente, aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido impuestas por dispositivos que no registraban oficialmente el inicio de su operación. La cifra todavía está siendo validada con el SIMIT. También se revisa la autorización de 12 dispositivos.
El episodio muestra otro componente del estilo que comienza a construir la administración: combinar grandes asuntos de seguridad y Estado con temas que afectan directamente el bolsillo del ciudadano.
Un Gobierno más volcado hacia las regiones
Otro rasgo visible ha sido la descentralización de la agenda presidencial. Barranquilla funciona como sede alterna para numerosas actividades del Ejecutivo, mientras el presidente ha multiplicado los encuentros con gobernadores y alcaldes. La respuesta al terremoto aceleró aún más esa dinámica.
Para departamentos como Cesar y La Guajira ese cambio ha sido particularmente visible. El consejo de seguridad realizado en Valledupar, los operativos contra estructuras criminales en el Caribe y la presencia presidencial en distintos territorios muestran un Ejecutivo que, al menos durante este comienzo, busca ejercer una parte considerable del Gobierno fuera de Bogotá.
El balance: la emergencia marcó el mes, pero la seguridad define el rumbo
Treinta días son insuficientes para calificar los resultados de un Gobierno que tiene cuatro años por delante. Muchas de sus iniciativas apenas comienzan, otras necesitan aprobación del Congreso y varias tendrán que demostrar resultados sostenibles antes de poder evaluarse.
Sin embargo, el primer mes sí permite distinguir prioridades. El terremoto del 10 de agosto fue el desafío más grande y urgente que encontró De La Espriella. La reconstrucción seguirá condicionando recursos y decisiones durante buena parte de su mandato.
Pero si la pregunta es cuál ha sido la principal prioridad política de Abelardo De La Espriella, la respuesta está en la seguridad. La ofensiva contra grupos armados, el respaldo a la Fuerza Pública, el cierre de las mesas de la “Paz Total” y los consejos de seguridad regionales han recibido una atención presidencial difícil de comparar con cualquier otro frente.
Alrededor de ese eje comienzan a aparecer los demás componentes de su Gobierno: austeridad y lucha contra la corrupción, reconstrucción, descentralización, recuperación de la salud y medidas dirigidas al bolsillo ciudadano, como la ofensiva contra posibles abusos con las fotomultas. Ese es, hasta ahora, el retrato de los primeros 30 días.
