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El proyecto de PTAR de Atánquez y construcción del sistema de alcantarillado, una obra esperada durante años por esta población del Resguardo Indígena Kankuamo, enfrenta nuevos cuestionamientos antes de su ejecución. Habitantes y defensores del territorio aseguran que no se oponen al saneamiento básico, pero piden revisar la ubicación de la infraestructura y conocer con precisión los eventuales efectos sobre fuentes hídricas, predios y comunidades ubicadas aguas abajo.
Bienvenido Guerra Montero, habitante de La Mina y quien trabajó durante 35 años como operador de Emdupar, planteó públicamente las inquietudes. Su posición, según explicó, no busca frenar una obra necesaria para Atánquez, sino garantizar que antes de construirla se conozcan los estudios técnicos, ambientales, hidráulicos y sanitarios que sustenten la alternativa seleccionada y las medidas previstas para evitar impactos sobre el territorio.
El proyecto ha sido esperado durante décadas. En marzo de 2024, el Ministerio de Vivienda anunció inicialmente una inversión de $42.765 millones para construir el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento. La cartera estimó entonces que la iniciativa beneficiaría a cerca de 17.000 integrantes del pueblo kankuamo y señaló que solo el 39,4 % de la población del resguardo tenía acceso al servicio de alcantarillado.
Durante 2026 la iniciativa avanzó hacia su contratación y socialización con una inversión que actualmente se aproxima a los $48.000 millones. A finales de junio, autoridades indígenas informaron que el proyecto estaba próximo a iniciar y destacaron que permitiría atender aproximadamente 1.500 viviendas de Atánquez, población que históricamente ha enfrentado dificultades para disponer adecuadamente de sus aguas residuales.
Las dudas están sobre la ubicación de la PTAR
Las preocupaciones expresadas por habitantes de la zona se concentran en conocer dónde se construirán exactamente los diferentes componentes de la infraestructura, cuál será el recorrido de las aguas residuales y cuál será la disposición final del agua después del tratamiento. También solicitan información sobre las fuentes hídricas cercanas y las medidas previstas para protegerlas durante la construcción y posterior funcionamiento de la planta.
El planteamiento contrasta con la finalidad ambiental presentada originalmente por las instituciones. La Gobernación del Cesar y el Ministerio de Vivienda anunciaron en 2024 el alcantarillado y la PTAR como una solución destinada precisamente a disminuir el vertimiento de aguas servidas y contribuir a la conservación de ríos y quebradas. En ese momento, las autoridades señalaron que las aguas residuales que corren actualmente sin tratamiento constituyen uno de los problemas ambientales que busca resolver la obra.
La documentación conocida sobre el proyecto contempla un sistema de tratamiento con varias etapas para procesar las aguas residuales. Sin embargo, quienes han manifestado reparos consideran necesario que los estudios y diseños estén disponibles para que las comunidades puedan conocer las características de la tecnología, el punto de descarga o aprovechamiento del agua tratada y las condiciones ambientales de los predios involucrados.
Ministerio del Interior dijo que no procedía consulta previa
Otro elemento entró en la discusión. La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior expidió el 14 de junio de 2024 la Resolución ST-0689, mediante la cual analizó la procedencia de consulta previa para el sistema de alcantarillado y la PTAR de Atánquez, proyecto localizado dentro del contexto territorial del Resguardo Indígena Kankuamo.
Según el análisis realizado con la información disponible entonces, la autoridad concluyó que no procedía la consulta previa al no identificar una afectación directa que la hiciera obligatoria. Sin embargo, el mismo acto administrativo estableció que, si durante el desarrollo del proyecto se advierten posibles afectaciones directas sobre comunidades étnicas, esa situación debe ponerse en conocimiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para que sea evaluada.
Ese punto adquiere relevancia frente a las inquietudes planteadas ahora desde el territorio. La discusión no enfrenta, por ahora, a quienes quieren alcantarillado con quienes rechazan la obra: las voces críticas reconocen la necesidad del proyecto, pero reclaman mayor información sobre la alternativa escogida y garantías de que la solución a un problema histórico de saneamiento no genere nuevas afectaciones ambientales.
El proyecto entra así en una etapa en la que las entidades responsables tienen la posibilidad de aclarar públicamente la ubicación de la PTAR, el manejo previsto para las aguas tratadas, los estudios ambientales realizados y las medidas de protección del territorio. Resolver esas preguntas antes de la ejecución será determinante para reducir la controversia alrededor de una obra que Atánquez reclama desde hace años.
