Escribenos Aquí
El representante a la Cámara Julio César Triana denunció que le retiraron el reforzamiento adicional de su esquema de seguridad y relacionó la notificación con la réplica que pronunció contra el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio. El congresista aclaró que conserva su protección ordinaria, pero cuestionó que se desmontaran las medidas concedidas después del atentado que sufrió en agosto de 2025.
La decisión abrió una nueva controversia sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen oposición política en Colombia. Además, reavivó las críticas contra la Unidad Nacional de Protección por los criterios empleados para reforzar, reducir o asignar esquemas a personas amenazadas.
Triana habla de la “primera consecuencia” de su discurso
Triana informó que la notificación sobre el retiro del reforzamiento llegó dos días después de que interviniera en la réplica de la oposición durante la instalación del Congreso. El representante presentó la cercanía entre ambos hechos como una posible consecuencia política de sus críticas. Sin embargo, hasta el momento no existe una prueba que demuestre que la modificación de su seguridad haya sido ordenada como represalia por su discurso.
“Quiero contarles que he sido notificado de la primera consecuencia del discurso de réplica que pronuncié”, sostuvo el congresista en un video divulgado a través de su cuenta en X.
De acuerdo con su versión, las autoridades le explicaron que las medidas adicionales eran transitorias y que habían sido adoptadas para protegerlo durante la época electoral. Triana cuestionó ese argumento y preguntó si los grupos armados que lo amenazan solamente representan un peligro durante los periodos de campaña.
El dirigente de Cambio Radical solicitó a la Unidad Nacional de Protección y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía que revelen las razones técnicas y administrativas que respaldaron la determinación.
No le retiraron todo el esquema de seguridad
El congresista no quedó completamente desprotegido. La decisión denunciada corresponde al retiro del reforzamiento que recibió después del atentado y no al desmonte total de su esquema ordinario. Triana explicó que normalmente cuenta con un vehículo blindado, dos policías y un conductor escolta. Después del ataque ocurrido en el Huila, las autoridades le asignaron un segundo vehículo, dos policías adicionales y otro integrante de protección.
Según el representante, ese segundo automotor resulta fundamental para responder ante una nueva emboscada. Durante el atentado de 2025, todos los integrantes de su esquema se movilizaban en el mismo vehículo mientras los atacantes disparaban contra ellos.
Triana anunció que interpondrá los recursos correspondientes para conocer el estudio de seguridad que determinó que el refuerzo ya no era necesario. También advirtió que, si no recibe garantías suficientes, podría verse obligado a sacar a su familia del Huila o incluso del país.
El atentado que elevó su nivel de riesgo
Julio César Triana sobrevivió a un ataque armado el 13 de agosto de 2025, cuando se movilizaba por la vía entre La Plata y Paicol, en el departamento del Huila. Hombres fuertemente armados intentaron detener el vehículo blindado en el que viajaba el congresista. Al no conseguirlo, dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor. Triana, sus acompañantes y los integrantes de su esquema salieron ilesos.
Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a estructuras de las disidencias de las Farc que operan en esa región bajo el mando de alias Iván Mordisco. Antes de la agresión, el representante había denunciado amenazas y señalamientos en su contra.
El blindaje del vehículo y la reacción del conductor permitieron que el congresista escapara. Después del atentado, su esquema fue reforzado ante el riesgo de que las organizaciones armadas intentaran atacarlo nuevamente.
La réplica contra la política de paz total
Durante su intervención del 20 de julio, Triana dirigió fuertes cuestionamientos contra la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro.
El congresista afirmó que durante los últimos cuatro años aumentó la presencia territorial de las estructuras armadas y creció el número de integrantes de organizaciones ilegales. También responsabilizó a esa política del incremento del reclutamiento de menores y del deterioro de la seguridad en varias regiones.
Triana recordó que ha presentado denuncias ante la Fiscalía por información relacionada con amenazas en su contra. Según manifestó, algunos grupos armados incluso habrían prohibido a comunidades del Huila asistir a sus reuniones políticas o recibirlo durante sus recorridos.
Estas declaraciones hacen parte de la argumentación presentada por el representante para sostener que su nivel de riesgo no ha disminuido, pese a la terminación de la temporada electoral.
Cambio Radical advierte sobre posible retaliación
Cambio Radical respaldó públicamente a su congresista y calificó como inaceptable la reducción de las medidas adicionales de protección. La colectividad exigió explicaciones al Gobierno, a la UNP y a la Policía Nacional. También preguntó si la notificación tiene alguna relación con la réplica pronunciada por Triana contra Petro.
El partido responsabilizó al Gobierno nacional por la vida y la integridad del representante y de su familia. Además, señaló que la protección de quienes ejercen oposición constituye una obligación del Estado y no debe convertirse en un mecanismo de presión política.
La coincidencia temporal entre el discurso y la notificación alimentó las sospechas del congresista y de su partido. No obstante, corresponde a las autoridades explicar si la reducción obedeció exclusivamente al vencimiento de una medida temporal o a una nueva evaluación de riesgo.
El caso Beto Coral reaparece en las críticas a la UNP
La denuncia de Triana llevó a varias cuentas y usuarios de redes sociales a recordar la reciente controversia por el esquema de seguridad asignado a Beto Coral.
El contraste planteado en esas publicaciones señala que mientras a un congresista que sobrevivió a un atentado le retiran parte del reforzamiento, la UNP habría aprobado una medida de emergencia para Coral pocos días después de su regreso a Colombia.
Documentos divulgados anteriormente indican que la protección concedida al activista contempla un vehículo blindado, dos escoltas y un chaleco balístico. Sindicatos de la UNP y dirigentes políticos cuestionaron la rapidez del procedimiento y pidieron conocer el análisis de riesgo que sustentó la asignación.
El director de la entidad, Augusto Rodríguez, afirmó que la situación de Coral estaba siendo analizada para determinar la existencia y la inminencia del riesgo. También evitó confirmar públicamente los componentes de su esquema, debido a la reserva que debe mantenerse sobre las medidas de protección.
No existe evidencia de que el vehículo o los funcionarios retirados del esquema de Triana hayan sido trasladados a Beto Coral. La comparación se concentra en los tiempos, las prioridades y los criterios aparentemente distintos utilizados por la UNP en ambos casos.
Lafaurie se suma al reclamo por Triana
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, también reaccionó a la denuncia presentada por Triana y se sumó al debate sobre las garantías de seguridad que debe ofrecer el Estado a un congresista amenazado.
Su pronunciamiento no hizo referencia al esquema de Beto Coral. Esa comparación fue formulada por otras cuentas de redes sociales y debe mantenerse separada de la posición expresada por el dirigente gremial.
La reacción de Lafaurie tiene un componente político relevante. El presidente de Fedegán y su esposa, la excongresista y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, renunciaron al Centro Democrático y posteriormente se acercaron al sector que acompañó la candidatura del hoy presidente electo Abelardo de la Espriella.
Su participación en la controversia amplificó el reclamo de sectores de derecha que consideran insuficientes las garantías ofrecidas a dirigentes que han denunciado la expansión de las organizaciones armadas.
La UNP todavía debe explicar la decisión
Hasta el momento de conocerse la denuncia, la Unidad Nacional de Protección no había presentado una explicación pública detallada sobre el estudio o la evaluación que motivó el retiro del reforzamiento.
La entidad deberá aclarar si realizó un nuevo análisis de riesgo, si la medida terminó automáticamente por estar vinculada al calendario electoral o si existieron recomendaciones adicionales de la Policía Nacional.
También tendrá que responder por qué el refuerzo se desmonta cuando Triana asegura que continúan las amenazas y que todavía enfrenta restricciones para recorrer diferentes municipios del Huila.
Más allá de la controversia política, el caso vuelve a plantear una pregunta de fondo: ¿qué condiciones deben cumplirse para concluir que disminuyó el peligro contra una persona que sobrevivió a un atentado y asegura que sigue siendo objetivo de organizaciones armadas?
Mientras no exista una respuesta técnica suficientemente clara, la cercanía entre la réplica a Petro y la reducción de las medidas continuará alimentando las sospechas de Triana, de Cambio Radical y de otros sectores políticos.