Reglamento EUDR: El nuevo reto del agro colombiano para 2026

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A partir del 30 de diciembre de 2026, las reglas para exportar productos agropecuarios a la Unión Europea cambiarán radicalmente. La entrada en vigor del Reglamento EUDR 1115/2023 exigirá que productos como el café, cacao, aceite de palma y carne de res demuestren técnica y legalmente que están libres de deforestación.

Esta normativa no es una certificación voluntaria, sino una regulación obligatoria que impacta a sectores que representan más de US$3.000 millones anuales en ventas externas para Colombia.

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Los cuatro pilares de la nueva normativa europea

Para seguir accediendo al mercado europeo, los productores colombianos deberán cumplir con cuatro requisitos fundamentales:

  1. Geolocalización exacta: Ya no bastará con mencionar el municipio. Se requerirán coordenadas GPS de precisión (latitud y longitud con seis decimales) de cada lote productivo.
  2. Cero deforestación: Las coordenadas serán verificadas mediante imágenes satelitales de programas como Copernicus. Se comparará la cobertura forestal actual con la existente al 31 de diciembre de 2020.
  3. Cumplimiento legal nacional: Los exportadores deberán presentar documentación detallada que incluya certificados de tradición, permisos ambientales, formalización laboral y registros del ICA.
  4. Declaración de Debida Diligencia (DDS): El importador en Europa deberá certificar que el producto cumple con todos los requisitos ambientales y legales antes de su ingreso.

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Impacto en los pequeños productores del Cesar y Colombia

Aunque muchas empresas ya cuentan con sellos como Rainforest Alliance o RSPO, estas certificaciones no reemplazan al EUDR. El desafío es mayor para los pequeños productores, quienes deberán digitalizar su información y organizar su documentación legal para no quedar excluidos de las cadenas de suministro globales.

Compañías como Nestlé y Cargill ya están unificando estos estándares para todas sus compras, independientemente de si el destino final es Europa o no. Esto obliga a las cooperativas y comercializadoras locales a acelerar sus procesos de trazabilidad y formalización.

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