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La defensora del Pueblo, Iris Marín, respondió este lunes al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y prolongó el rifirrafe entre Gobierno y Defensoría. Aunque empleó un tono conciliador, mantuvo su petición para que el presidente Abelardo De La Espriella revise cómo comunica los resultados de las operaciones militares.
“Confiamos en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales”, expresó Marín. La funcionaria también propuso avanzar de inmediato en el seguimiento de las alertas tempranas emitidas para las zonas más afectadas por la violencia.
Rifirrafe entre Gobierno y Defensoría cambia de tono
La nueva declaración llegó después de que Lara calificara como una “triste equivocación” el pronunciamiento inicial de la defensora. Según el ministro, Marín puso al Estado colombiano y a los grupos armados ilegales en un mismo plano de crueldad. Lara sostuvo que esa equivalencia no corresponde con la actuación institucional. Además, recordó que el Estado tiene el deber constitucional de combatir a las organizaciones que asesinan, reclutan menores y someten a comunidades mediante el terror.
Sin embargo, Iris Marín no retiró su cuestionamiento central. En su respuesta pública al ministro, insistió en que el Gobierno debe reflexionar sobre la presentación de sus resultados operacionales. Al mismo tiempo, reconoció la importancia de la cooperación entre las dos instituciones. “Gracias por su mensaje, señor ministro”, comenzó la defensora. Luego reiteró que la alianza institucional resulta fundamental para atender el deterioro de los derechos humanos en distintas regiones del país.
La controversia por los cuerpos de la operación Azarías
El rifirrafe entre Gobierno y Defensoría comenzó tras la difusión de imágenes del presidente De La Espriella caminando entre cuerpos cubiertos con bolsas blancas. Las personas murieron durante la operación Azarías, desarrollada contra estructuras de alias Iván Mordisco en Guaviare. De acuerdo con el reporte citado por la Defensoría del Pueblo, la operación dejó 23 muertos. Asimismo, Medicina Legal determinó que dos de ellos eran menores de edad.
Marín aclaró desde el comienzo que su reflexión no desconocía el deber estatal de enfrentar a los grupos armados. Tampoco cuestionaba por sí misma la legitimidad de las operaciones militares. Su reparo estaba dirigido a la manera en que el poder público exhibe y comunica esos resultados. La defensora afirmó que los cuerpos no deberían convertirse en la escenografía de una declaración pública. En contraste, el Gobierno defendió la ofensiva contra las estructuras criminales y rechazó cualquier comparación entre sus actuaciones y la violencia ejercida por esos grupos.
La primera parte de esta controversia fue documentada por Noticias del Cesar en el artículo Gobierno y Defensoría chocan por imágenes de cuerpos tras operación Azarías.
Marín propone pasar de la discusión a las acciones
Pese a mantener su posición, Iris Marín abrió una puerta para reducir la tensión. La funcionaria invitó al Gobierno a trabajar conjuntamente en las regiones priorizadas por las alertas tempranas de la Defensoría. Entre los riesgos mencionó el reclutamiento de menores, el uso de drones y la expansión territorial de estructuras armadas. También incluyó el confinamiento, el desplazamiento forzado y los ataques sistemáticos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Marín señaló que estos fenómenos aparecen documentados en la radiografía de derechos humanos de 2026. Ese diagnóstico recoge información territorial y recomendaciones dirigidas a prevenir nuevas vulneraciones contra la población civil. La Defensoría ya había advertido que 402 municipios del país permanecían focalizados por alertas tempranas activas. Esa cifra equivalía al 35 % de los municipios colombianos y mostraba la dimensión territorial de los riesgos.
Por eso, la respuesta de Marín combinó dos mensajes. Por una parte, reiteró su crítica sobre la comunicación de las operaciones militares. Por otra, ofreció colaboración inmediata al Ejecutivo para proteger a las comunidades. “Avancemos, en la Defensoría estamos listos”, concluyó. De esta manera, el rifirrafe entre Gobierno y Defensoría continúa, pero ahora incorpora una propuesta concreta de cooperación institucional.
