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El proyecto de gas Sirius, considerado estratégico para el abastecimiento energético de Colombia, enfrenta un nuevo obstáculo. Directivos de Ecopetrol y Petrobras aseguran que una comunidad de Taganga estaría exigiendo una compensación económica desproporcionada para cerrar la consulta previa. La controversia aparece justo cuando el Gobierno de Abelardo propone tramitar estos procesos de manera paralela con las licencias ambientales.
La gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, calificó la situación como cercana a una “extorsión” y aseguró que la comunidad estaría solicitando “un montón de plata”. Sin embargo, hasta ahora no se conoce públicamente la suma reclamada, los conceptos que la sustentan ni la existencia de una denuncia penal presentada por las compañías.
Petrobras asegura que la petición es 20 veces mayor
Alcindo Moritz, presidente de Petrobras Colombia, afirmó que las empresas no pueden quedar como rehenes de una comunidad que, según su versión, pretende recibir un pago 20 veces superior al acordado con otras poblaciones. Petrobras opera Sirius, mientras Ecopetrol posee el 55,56 % de participación en el proyecto. La negociación pendiente involucra a una comunidad de pescadores artesanales de Taganga, cerca de Santa Marta. De acuerdo con las empresas, cerrar y protocolizar esa consulta resulta indispensable para solicitar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la autorización ambiental correspondiente a la producción del yacimiento.
Hasta el cierre de esta publicación no se había conocido una respuesta pública de la comunidad frente a las afirmaciones de los dos directivos. Tampoco se ha divulgado el contenido de la propuesta económica cuestionada. Por esa razón, la calificación de “extorsión” corresponde exclusivamente a Ecopetrol y no a una conducta establecida por una autoridad judicial.
Sirius necesita dos licencias ambientales
El desarrollo de Sirius requiere una licencia para extraer el gas y otra para construir la infraestructura que permitirá transportarlo. Esta última contempla una línea submarina de aproximadamente 117 kilómetros, desde el área de producción hasta la Unidad de Tratamiento de Gas de Ballena, en La Guajira. El gasoducto también está sometido a consultas previas con 120 comunidades. Las compañías informaron que ya comenzaron formalmente el diálogo con el 97 % de ellas, mientras 38, equivalentes al 32 %, habían protocolizado sus acuerdos. Además, la Autoridad Nacional de Consulta Previa evalúa la posible incorporación de otras poblaciones debido a decisiones judiciales.
Ecopetrol y Petrobras esperan cerrar las consultas a finales de 2026 y radicar la solicitud ambiental durante el primer trimestre de 2027. Posteriormente, las compañías requerirían cerca de tres años para completar las obras de ingeniería, por lo que la primera producción se mantiene proyectada entre finales de 2030 y 2031.
Un proyecto capaz de cambiar las reservas de Colombia
Sirius, denominado inicialmente Uchuva, fue descubierto en julio de 2022 y confirmado posteriormente mediante un segundo pozo. Ecopetrol calcula que contiene cerca de seis terapiés cúbicos de gas y que podría producir hasta 470 millones de pies cúbicos diarios durante diez años. El volumen estimado supera ampliamente los 1,7 terapiés cúbicos que tenía Colombia como reservas probadas al cierre de 2025. Sin embargo, los seis terapiés cúbicos de Sirius todavía corresponden a gas en sitio o recursos estimados, no a reservas probadas listas para incorporarse inmediatamente al balance nacional. Ecopetrol presenta el proyecto como el mayor descubrimiento de gas costa afuera del país.
El caso anticipa el debate por la reforma de Abelardo
La controversia surge después de que el Gobierno anunciara que estudia permitir el avance simultáneo de las consultas previas y las evaluaciones ambientales. Actualmente, los proyectos pueden quedar detenidos mientras concluyen los acuerdos con todas las comunidades certificadas, antes de avanzar hacia determinadas etapas del licenciamiento.
Sirius muestra el problema que el Ejecutivo busca enfrentar, pero también revela el límite de la reforma. Tramitar dos procedimientos al mismo tiempo podría reducir demoras administrativas; sin embargo, no solucionaría automáticamente una consulta sin acuerdo ni autorizaría a las empresas a desconocer decisiones judiciales o afectaciones comprobadas sobre comunidades étnicas.
Por tanto, el Gobierno deberá definir qué ocurre cuando una consulta se prolonga por desacuerdos económicos, aparecen nuevas comunidades o no se logra protocolizar un acuerdo. El reto consiste en impedir que el procedimiento se convierta en un mecanismo de presión indebida, sin vaciar de contenido un derecho fundamental reconocido por la Constitución.
La información sobre las declaraciones fue publicada inicialmente por El Tiempo y retomada por otros medios nacionales. Infobae detalló el estado de las consultas y del licenciamiento de Sirius.
