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El traslado de 117 reclusos de alto perfil hacia cárceles de mayor seguridad se convirtió en una de las primeras señales del gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, una pregunta comenzó a circular de inmediato: ¿eran, en su mayoría, gestores de paz designados por Gustavo Petro? Los documentos oficiales revisados no permiten sostener esa afirmación.
El comunicado divulgado por el nuevo Gobierno señala que el INPEC ejecutó el movimiento de 117 personas privadas de la libertad “vinculadas a negociaciones de paz”. El texto no afirma que las 117 fueran gestores de paz. Esa diferencia parece pequeña, pero resulta decisiva para entender qué ocurrió.
De la Espriella asumió oficialmente la Presidencia el 7 de agosto y, desde su primer discurso, marcó un giro frente a la política de diálogo con organizaciones armadas ilegales desarrollada durante el gobierno Petro.
Qué revela el traslado de 117 reclusos
Según el Comunicado 001 suministrado a Noticias Valledupar, el INPEC recibió la instrucción de trasladar a los 117 internos hacia establecimientos ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
El objetivo anunciado consiste en reforzar el control penitenciario y evitar que estructuras criminales puedan coordinar actividades desde los centros de reclusión. Pero el lenguaje utilizado por el propio documento gubernamental resulta revelador. Habla de personas “vinculadas a negociaciones de paz”, no de 117 “gestores de paz”.
Por tanto, presentar a todo el grupo bajo esa última condición sería ir más allá de lo que hasta ahora permite demostrar la documentación.
Vocero y gestor de paz no son la misma figura
Este es el punto central. Durante el gobierno de Gustavo Petro se creó un Espacio de Conversación Sociojurídico con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Para participar allí, la Presidencia expidió la Resolución 139 del 29 de mayo de 2023.
¿La palabra utilizada por la resolución? “Voceros”. El acto reconoce a integrantes de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto como voceros dentro de ese espacio. Además, aclara que esa condición, por sí sola, no modificaba su situación jurídica ni les concedía beneficios judiciales.
Posteriormente, la Presidencia expidió la Resolución Ejecutiva 094 del 8 de abril de 2025, también para reconocer nuevos “voceros” de las estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá. La propia relación oficial de resoluciones de la Presidencia mantiene esa denominación.
En total, las dos resoluciones llevaron el grupo formal a 23 voceros: 17 reconocidos inicialmente y otros seis incorporados después. La cifra de 23 también fue reconocida oficialmente por la Presidencia en marzo de 2026. En ese momento informó sobre una decisión de la Fiscalía que involucraba a 23 personas reconocidas por el Gobierno como voceros de las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
Petro sí utilizó expresamente la figura de gestor de paz
La diferencia no es simplemente semántica. Cuando el gobierno Petro quiso nombrar gestores de paz, utilizó expresamente esas palabras en sus actos administrativos. Así ocurrió, por ejemplo, con la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, cuyo objeto fue designar como gestores de paz a antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Incluso dentro del listado general de actos presidenciales aparecen, por separado, resoluciones que “reconocen voceros” y otras que “designan gestores de paz”. Esa diferenciación documental impide tratar ambos conceptos como si fueran automáticamente equivalentes.
Así, decir que una persona participaba como vocera en un proceso de paz urbana no basta para afirmar que había sido nombrada gestor de paz.
¿Entonces cuántos de los 117 eran gestores de paz?
Esa es precisamente la cifra que todavía no puede establecerse con rigor. En la documentación revisada para esta nota no aparece una relación nominal completa de los 117 internos trasladados que permita cruzar cada nombre con las resoluciones expedidas durante el gobierno Petro.
Por esa razón, tampoco sería correcto asegurar que ninguno tenía la calidad de gestor de paz. Es perfectamente posible que dentro del operativo aparezcan personas cobijadas por distintas figuras utilizadas durante la Paz Total.
Lo que sí puede afirmarse con los documentos disponibles es mucho más preciso: no existe evidencia que permita sostener que la mayoría de los 117 reclusos trasladados fueran gestores de paz nombrados por Gustavo Petro.
Además, para que existiera una mayoría matemática tendrían que identificarse al menos 59 personas con esa designación formal dentro del grupo trasladado. Hasta ahora no existe documentación pública revisada que permita demostrarlo.
Petro ya había ordenado trasladar cabecillas de Itagüí
Existe otro antecedente que cambia parcialmente la lectura política del operativo. El traslado de cabecillas vinculados con el proceso de paz urbana no nació con el nuevo Gobierno. Después del escándalo por la parranda vallenata realizada dentro de la cárcel La Paz de Itagüí, Gustavo Petro anunció el 13 de abril el traslado de los voceros involucrados.
Sin embargo, más de un mes después la decisión prácticamente no se había materializado. El 19 de mayo, El Colombiano informó que Petro había ordenado mover a 17 cabecillas, pero hasta ese momento solamente uno había sido trasladado.
Caracol Radio también documentó en abril la orden presidencial de sacar de Itagüí a los cabecillas involucrados en aquel episodio.
Por tanto, el nuevo operativo no surge de un escenario completamente nuevo. Ya existía una controversia sobre las condiciones de reclusión de estos jefes criminales y sobre el cumplimiento de los traslados ordenados durante la administración Petro.
La diferencia está ahora en la magnitud anunciada: 117 internos en una sola actuación comunicada por el gobierno entrante.
La Paz Total quedó en el centro del cambio de Gobierno
La decisión también coincide con la posición que De la Espriella sostuvo antes de llegar a la Casa de Nariño. Durante la transición anunció que terminaría el modelo de la Paz Total y que sustituiría las negociaciones con organizaciones criminales por una política centrada en sometimiento y seguridad. Noticias Caracol había documentado ese planteamiento semanas antes de su posesión.
Durante la campaña presidencial, Noticias Valledupar también siguió el ascenso electoral de De la Espriella y su disputa con Iván Cepeda, incluida su agenda política en la capital del Cesar.
El traslado masivo aparece así como una primera demostración práctica del cambio de orientación entre ambos gobiernos. Sin embargo, eso no convierte automáticamente a todos los presos trasladados en beneficiarios de la política de paz anterior.
Un detalle extraño en el Comunicado 001
El documento difundido por el nuevo Gobierno contiene, además, una inconsistencia que merece aclaración oficial. La pieza que conoció Noticias Valledupar está marcada como “7 de julio de 2026”. Sin embargo, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia un mes después, el 7 de agosto de 2026.
El contenido presenta el traslado como una decisión del presidente ya posesionado. Por ello, la fecha de julio podría corresponder a un error de diagramación o digitación. Hasta ahora, esa inconsistencia por sí misma no permite cuestionar la autenticidad del contenido, pero sí amerita una explicación de la oficina presidencial.
Lo comprobado hasta ahora
El hecho central está confirmado: el nuevo Gobierno anunció el traslado de 117 reclusos vinculados a negociaciones de paz hacia establecimientos de mayor seguridad.
Lo que no está demostrado es que esos 117, o siquiera su mayoría, fueran gestores de paz nombrados por Petro. Los documentos oficiales muestran algo diferente. En el proceso de Medellín y el Valle de Aburrá aparecen 23 personas reconocidas formalmente como voceros. Presidencia utilizó, en cambio, resoluciones diferentes cuando decidió otorgar la condición específica de gestor de paz.
Por eso, mientras no se conozca el listado completo de los 117 trasladados y pueda hacerse el cruce nombre por nombre, la afirmación de que Abelardo envió a máxima seguridad a una mayoría de “gestores de paz de Petro” debe tratarse como una versión no comprobada, no como un hecho.
La lista nominal de los trasladados será la pieza que permita cerrar definitivamente esa discusión.