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El traslado del Congreso para la posesión presidencial de 2026 seguirá vigente, por ahora. El Consejo de Estado negó la medida cautelar que buscaba suspender las decisiones del Senado y la Cámara. La demanda de nulidad continuará su trámite.
El Consejo de Estado informó oficialmente que la Sección Primera rechazó una medida cautelar de urgencia. El ciudadano Juan Pablo Saáb Ramírez había solicitado la suspensión.
La petición buscaba frenar los actos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. Esos actos habilitaron una sesión del Congreso en pleno fuera de su sede permanente. El encuentro tendrá como propósito la posesión del presidente y del vicepresidente electos para el periodo 2026-2030.
El magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta firmó el auto este 5 de agosto de 2026. El proceso tiene el radicado 11001 03 24 000 2026 00323 00. La decisión también admitió la demanda presentada contra el Congreso de la República.
Traslado del Congreso: qué decidió el Consejo de Estado
El demandante sostuvo que el cambio de sede incumplía la Constitución y la Ley 5 de 1992. Según su argumento, no existían razones de fuerza mayor ni una grave alteración del orden público.
También pidió detener las actividades logísticas relacionadas con la sesión. Además, solicitó que la ceremonia se realizara en el Capitolio Nacional.
El despacho analizó los artículos 140, 141 y 192 de la Constitución Política de Colombia. Además, revisó los artículos 18 y 33 del Reglamento del Congreso. Estas normas regulan la sede legislativa y la posesión del presidente de la República.
El artículo 140 establece que el Congreso tiene su sede en la capital. Sin embargo, también permite que las dos cámaras acuerden trasladarla a otro lugar. La misma norma contempla una segunda situación cuando existen problemas de orden público.
Para el Consejo de Estado, esas dos posibilidades son independientes. Senado y Cámara pueden acordar el traslado sin demostrar una perturbación del orden público.
Cuando existe esa alteración, el presidente del Senado puede elegir el sitio de reunión. La perturbación del orden público no constituye el único motivo válido para cambiar la sede.
Por tanto, el traslado del Congreso no depende siempre de una crisis de seguridad. El acuerdo expreso entre las dos cámaras puede autorizar el cambio. Esa lectura resultó central para negar la solicitud urgente.
La posesión debe realizarse ante el Congreso en pleno
El despacho también estudió el lugar donde debe celebrarse la ceremonia presidencial. La Constitución exige que el mandatario tome posesión ante el Congreso.
Sin embargo, la norma no ordena que el acto ocurra necesariamente en Bogotá. Tampoco exige que la ceremonia se realice dentro del Capitolio Nacional.
El Congreso debe reunirse en un solo cuerpo para cumplir esa función. Por esa razón, el punto central no es la ciudad escogida. Lo importante es que Senado y Cámara actúen como Congreso en pleno.
El artículo 141 de la Constitución permite que las dos cámaras se reúnan en un solo cuerpo para posesionar al presidente. El artículo 192 también señala que el mandatario debe jurar ante el Congreso.
Esta interpretación llevó al magistrado a rechazar la solicitud urgente. En su análisis preliminar, no encontró una violación clara de las normas superiores.
Por eso, consideró que no se cumplían los requisitos para suspender los actos demandados. El despacho tampoco encontró una infracción evidente que justificara una intervención inmediata.
La demanda seguirá su curso
La decisión no puso fin al proceso judicial. El Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar al Senado y a la Cámara.
Las dos corporaciones podrán contestar la demanda. También podrán presentar pruebas y formular las defensas que consideren necesarias.
El alto tribunal notificará al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, las entidades demandadas deberán entregar los antecedentes administrativos de las decisiones cuestionadas.
En consecuencia, el traslado del Congreso mantiene sus efectos mientras avanza el proceso. El tribunal estudiará después si los actos respetaron la Constitución, la ley y el procedimiento legislativo.
El auto deja claro que el análisis apenas comienza. El Consejo de Estado deberá revisar los argumentos del demandante y las respuestas de las corporaciones legislativas.
¿Qué significa la negativa de la medida cautelar?
La negativa no representa una sentencia definitiva sobre la legalidad del cambio de sede. Solo significa que el despacho no encontró una infracción evidente durante esta primera revisión.
Una medida cautelar busca evitar efectos graves mientras el juez estudia una demanda. En este caso, el magistrado consideró que no había fundamento suficiente para aplicarla.
El análisis de fondo podrá confirmar la legalidad de los actos. También podría anularlos si el tribunal encuentra irregularidades durante el proceso.
El caso ocurre durante la transición presidencial de 2026. Noticias Valledupar informó antes sobre la campaña de Abelardo de la Espriella en Valledupar.
El portal también siguió la organización de las elecciones al Congreso en el Cesar. Ambos procesos marcaron el calendario político nacional y regional durante 2026.
Por ahora, Senado y Cámara conservan la autorización para reunirse fuera de su sede permanente. El Consejo de Estado continuará con el estudio de la demanda bajo las reglas del proceso de nulidad.