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El vencimiento de términos en el caso Nicolás Petro volvió a encender las alarmas. Cristina Plazas advirtió que el proceso completa casi tres años entre cambios de fiscales, recursos, investigaciones cruzadas y audiencias aplazadas, sin que haya comenzado el juicio oral.
La dirigente y columnista Cristina Plazas Michelsen pidió este viernes compartir una alerta sobre el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
Plazas sostuvo que las demoras podrían favorecer la impunidad. Además, recordó que el expediente ha pasado por distintos fiscales y permanece detenido mientras el Tribunal Superior de Barranquilla estudia centenares de recursos relacionados con las pruebas del juicio.
Su pronunciamiento coincidió con un nuevo momento de incertidumbre. Lucy Marcela Laborde, segunda fiscal que asumió el expediente, salió de la Fiscalía después de que terminara su nombramiento provisional. Ahora, el ente acusador tendrá que designar a otro funcionario para continuar el proceso.
Tres años sin que comience el juicio oral
El expediente comenzó formalmente en julio de 2023, cuando las autoridades capturaron a Nicolás Petro y a su entonces esposa, Daysuris Vásquez. Desde entonces, el proceso ha atravesado cambios de abogados, solicitudes de aplazamiento, recusaciones, recursos de apelación y controversias dentro de la propia Fiscalía.
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Noticias RCN documentó al menos 11 solicitudes de aplazamiento durante la etapa preparatoria. Algunas surgieron por cambios en la defensa. Otras estuvieron relacionadas con problemas de salud, ausencia de abogados o peticiones para estudiar el voluminoso expediente.
La etapa preparatoria terminó el 2 de junio de 2026. Sin embargo, el juicio oral todavía no puede instalarse porque el Tribunal Superior de Barranquilla debe resolver más de 800 apelaciones sobre las pruebas solicitadas por la Fiscalía, la defensa y el Ministerio Público. El trámite podría tardar varios meses.
¿Por qué procesa la Fiscalía a Nicolás Petro?
La Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Según el ente acusador, el exdiputado habría recibido dinero en efectivo durante 2022, cuando participaba activamente en la campaña presidencial de su padre en la región Caribe.
La investigación señala que habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’. La Fiscalía también mencionó entregas atribuidas a Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, Máximo Noriega y empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
Los investigadores calcularon que Nicolás Petro obtuvo cerca de 280 millones de pesos por su actividad como diputado durante ese año. Sin embargo, habría realizado gastos por aproximadamente 1.205 millones de pesos.
Por esa diferencia, la Fiscalía estableció un posible incremento patrimonial injustificado de 1.053 millones de pesos. Nicolás Petro se ha declarado inocente y su defensa sostiene que los recursos que recibió tenían origen lícito.
La confesión y el anuncio de colaboración
Durante las audiencias de agosto de 2023, la Fiscalía informó que Nicolás Petro había decidido colaborar con la justicia y entregar información sobre personas y hechos relacionados con el origen y destino del dinero. En ese momento, se contempló la posibilidad de negociar un principio de oportunidad. Este mecanismo habría permitido concederle beneficios judiciales a cambio de información verificable.
La Fiscalía sostuvo en audiencia que Nicolás Petro había reconocido la recepción de recursos y que una parte habría llegado a la campaña presidencial de 2022 sin aparecer en los reportes oficiales. Pocos días después, Nicolás Petro concedió una entrevista en la que pronunció una frase que marcó el escándalo:
“No me voy a inmolar por mi papá”.
También aseguró que estaba dispuesto a contar la verdad y a responder por sus actuaciones. No obstante, con el paso de las semanas, la negociación con la Fiscalía se frustró. Nicolás Petro cambió su estrategia jurídica, cuestionó el interrogatorio y dejó de avanzar hacia el principio de oportunidad.
La visita de Gustavo Petro en Barranquilla
El 21 de agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro visitó a su hijo en la vivienda donde cumplía las restricciones ordenadas por un juez en Barranquilla. “Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”, manifestó entonces el mandatario.
Después de ese encuentro, el proceso de colaboración no se concretó. Algunos medios relacionaron temporalmente ambos hechos y señalaron que la actitud judicial de Nicolás Petro cambió tras la visita. Sin embargo, ninguna decisión judicial ha probado que el presidente le ordenara abandonar la colaboración con la Fiscalía.
Posteriormente, Nicolás Petro desconoció varias de las afirmaciones atribuidas a su interrogatorio. También aseguró que recibió presiones indebidas para involucrar a otras personas. La legalidad y admisibilidad de ese interrogatorio forma parte de la batalla probatoria que ahora deberá resolver el Tribunal Superior de Barranquilla.
El expediente vuelve a cambiar de fiscal
El primer fiscal del proceso fue Mario Burgos, quien dirigió la captura, la imputación y buena parte de la investigación inicial. Burgos salió del caso después de enfrentar cuestionamientos disciplinarios por la supuesta filtración de videos y material reservado. La Fiscalía entregó entonces el expediente a Lucy Marcela Laborde.
Ahora Laborde también deja el proceso. Su salida se produjo porque no participó en el concurso de méritos mediante el cual otra persona obtuvo la plaza que ella ocupaba provisionalmente en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. La Fiscalía deberá nombrar al tercer acusador que asumirá el expediente desde su apertura.
¿El vencimiento de términos produciría impunidad?
La advertencia de Cristina Plazas debe analizarse con precisión jurídica. En el proceso penal colombiano, el vencimiento de términos se relaciona principalmente con el derecho de una persona detenida a recuperar su libertad cuando la justicia supera determinados plazos sin adelantar las etapas correspondientes.
Nicolás Petro ya afronta este proceso en libertad. Por ello, un eventual vencimiento de términos no produciría automáticamente una absolución, una preclusión ni el cierre del expediente. La Corte Suprema ha explicado que esta figura protege el derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a permanecer en libertad mientras continúa el proceso.
Además, la Corte Constitucional ha señalado que, aunque los términos judiciales estén vencidos, el funcionario competente debe resolver el caso de fondo. Esto puede generar investigaciones disciplinarias por la demora, pero no elimina por sí mismo la obligación de decidir.
La prescripción de la acción penal es una figura diferente. Depende de las penas previstas para cada delito, de las fechas procesales y de las interrupciones establecidas en la ley. Hasta el momento, no se conoce una decisión judicial que declare prescrito o terminado el proceso principal contra Nicolás Petro.
El riesgo real de tantas demoras
Aunque el vencimiento de términos no equivale automáticamente a impunidad, las demoras sí generan un grave problema institucional. Cada aplazamiento aumenta la desconfianza ciudadana. Además, dificulta la práctica de pruebas, prolonga la incertidumbre y retrasa una decisión que debe establecer si Nicolás Petro es responsable o inocente.
El país necesita que el Tribunal resuelva los recursos con celeridad. Asimismo, la Fiscalía debe garantizar una transición ordenada al nuevo acusador y evitar que otro cambio interno paralice el expediente.
Ni el parentesco con el presidente puede convertirse en garantía de impunidad, ni la presión política puede reemplazar las pruebas y el debido proceso. Después de casi tres años, la justicia debe permitir que el caso llegue finalmente al juicio oral.