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La crisis de salud en el Cesar entró en una nueva etapa con la apertura de una mesa entre clínicas, EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para revisar las deudas que tienen contra las cuerdas a varios prestadores. Sin embargo, el encuentro no fue planteado como una jornada de pago inmediato ni garantiza que las obligaciones acumuladas sean saldadas de manera automática.
Al mismo tiempo, durante las discusiones del sector comenzó a tomar forma una propuesta legislativa que busca aumentar el control sobre los recursos de las EPS, hacer más trazables los pagos a clínicas y hospitales y revisar aspectos relacionados con la Unidad de Pago por Capitación, UPC. La iniciativa, según la información conocida hasta ahora, todavía se encuentra en etapa de borrador.
La discusión ocurre mientras clínicas e IPS del Cesar reportan cuentas que llevan más de un año pendientes, dificultades para pagar trabajadores y proveedores, restricciones de servicios y riesgo de que pacientes tengan que ser remitidos a otras ciudades.
Mesa con Supersalud no significa que las EPS paguen de inmediato
La reunión con Supersalud y MinSalud surgió después de la Primera Convocatoria 2026 de Gerentes de Clínicas, realizada el 18 de septiembre en Valledupar.
En ese encuentro, directivos de diferentes instituciones advirtieron que la falta de flujo de recursos afecta la compra de medicamentos e insumos, el pago de nóminas, especialistas, laboratorios, servicios públicos y proveedores.
Como respuesta, se promovió una mesa con prestadores y agentes interventores de las EPS que funcionan en el departamento.
La expectativa es revisar cartera, glosas, autorizaciones, redes de atención y posibles compromisos entre las partes. Sin embargo, la convocatoria no equivale a un giro inmediato de dinero a las clínicas.
Ese matiz es importante porque una de las principales preguntas de los prestadores sigue sin una respuesta concreta: ¿cuándo entrará efectivamente el dinero que las EPS adeudan?
Hay cuentas que superan los 360 días
La crisis de salud en el Cesar no obedece únicamente al monto de las deudas.
Los gerentes han señalado también demoras en autorizaciones, dificultades para radicar facturas y glosas que mantienen recursos congelados mientras las IPS deben continuar prestando servicios.
Durante la reunión de gerentes se informó que una parte significativa de la cartera tiene más de 360 días de antigüedad.
Esto significa que algunas instituciones continúan asumiendo costos actuales mientras todavía intentan recuperar servicios prestados hace más de un año.
La consecuencia comienza a sentirse en los pacientes.
Varias instituciones han restringido servicios y otras han advertido que, si la situación financiera empeora, deberán adoptar nuevas medidas. La reducción de camas disponibles también aumenta la presión sobre las entidades que continúan recibiendo usuarios.
Cardiovascular ya había advertido sobreocupación
Noticias del Cesar informó previamente que el Instituto Cardiovascular del Cesar reportó sobreocupación en urgencias en medio de las restricciones que vienen aplicando otros prestadores.
La situación evidenció uno de los efectos en cadena de la crisis: cuando una clínica limita determinados servicios, los pacientes terminan desplazándose hacia las instituciones que todavía mantienen abierta su capacidad asistencial.
Los gerentes también han advertido que algunos usuarios podrían terminar recibiendo atención fuera del Cesar pese a existir especialistas e infraestructura disponible dentro del departamento.
Eso aumenta los costos y dificultades para pacientes y familias.
Surge proyecto de ley desde la discusión en el Cesar
Mientras se buscan salidas inmediatas a la cartera, durante las reuniones del sector se socializó un borrador de proyecto de ley promovido por la senadora Claudia Margarita Zuleta y sectores de su bancada.
La propuesta conocida plantea, entre otros asuntos:
- revisar mecanismos relacionados con el cálculo de la UPC;
- fortalecer la vigilancia sobre los recursos del sistema;
- mejorar la trazabilidad del dinero destinado a los prestadores;
- ordenar aspectos del funcionamiento territorial de las EPS;
- fortalecer las capacidades de vigilancia desde los territorios.
La propia presentación de la iniciativa la ubica como una alternativa de mediano plazo, no como mecanismo para resolver inmediatamente la cartera que hoy reclaman las clínicas.
Además, todavía no debe presentarse como una ley ni como una solución aprobada por el Congreso.
El proyecto aún está en borrador
Hasta este martes 22 de septiembre, la propuesta socializada en el Cesar fue descrita públicamente como un documento en construcción.
Por esa razón, todavía pueden modificarse sus artículos, alcance, mecanismos de control y obligaciones para las EPS antes de una eventual radicación formal.
Noticias del Cesar verificó además que el Congreso ya tramita otras iniciativas relacionadas con el funcionamiento financiero del sistema.
Entre ellas está el Proyecto de Ley 098 de 2026, que busca establecer procedimientos para la definición, monitoreo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y de los presupuestos máximos. La iniciativa fue radicada en julio y cuenta con varios autores del Congreso.
Ese proyecto ya radicado no debe confundirse automáticamente con el borrador más amplio socializado en Valledupar, aunque existen puntos temáticos coincidentes alrededor de la UPC.
¿Qué busca cambiar la propuesta?
Uno de los cuestionamientos recurrentes de las clínicas es que el dinero entra al sistema, pero existen dificultades para determinar cuánto tarda en llegar finalmente al prestador que atendió al paciente.
Por ello, uno de los objetivos anunciados del borrador es aumentar la trazabilidad de los pagos.
La propuesta también plantea fortalecer los controles territoriales sobre la operación de las EPS y revisar las reglas relacionadas con los recursos destinados a financiar la atención.
Sus promotores han indicado que no pretenden presentar el documento como una reforma integral al sistema de salud, sino como un conjunto de ajustes frente a problemas financieros y operativos.
Esas propuestas deberán debatirse, modificarse o rechazarse en el Congreso en caso de que finalmente sean radicadas.
La urgencia sigue siendo la cartera
Para las clínicas del Cesar, sin embargo, la discusión legislativa no resuelve la necesidad inmediata.
Las instituciones necesitan recursos para pagar trabajadores, especialistas, medicamentos, proveedores y servicios necesarios para continuar funcionando.
Por eso, el resultado más importante de la mesa con Supersalud no será simplemente su instalación.
Lo determinante será conocer si las EPS presentan cronogramas verificables de pago, si se concilian las cuentas que llevan meses represadas y qué medidas adoptará la Superintendencia frente a entidades que no cumplan sus compromisos.
También será necesario establecer qué ocurrirá con las glosas y las facturas que permanecen sin resolver.
La crisis ya afecta la atención
El problema dejó de ser exclusivamente financiero.
Las restricciones implementadas por algunos prestadores están aumentando la presión sobre urgencias y hospitalización y creando dificultades para conformar redes alternas de atención.
El Hospital Rosario Pumarejo de López, por ejemplo, informó el 21 de septiembre que su ocupación hospitalaria se mantiene por encima del 92 %, frente a niveles anteriores que rondaban entre 84 % y 85 %. La institución presenta ese indicador como parte de su recuperación operativa, aunque ocurre en un contexto departamental de fuerte presión sobre la red asistencial.
Así, la mesa con Supersalud abre una ruta institucional, pero todavía falta el elemento que reclaman las clínicas: dinero efectivamente recibido y cuentas conciliadas.
Mientras eso ocurre, el proyecto legislativo empieza un camino mucho más largo.
