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La crisis financiera y laboral del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, IDREEC, llegó formalmente a la Presidencia de la República.
Trabajadores y extrabajadores solicitaron una intervención urgente debido a la acumulación de salarios, prestaciones y otras obligaciones pendientes.
La petición fue radicada el pasado 15 de septiembre. Según los trabajadores, la entidad les adeuda 26 meses de salarios. También reclaman cesantías, primas, vacaciones, liquidaciones y otros conceptos laborales.
Además, advierten problemas con los aportes al sistema de seguridad social.
La Presidencia respondió mediante comunicaciones fechadas el 5 de octubre de 2026. En ellas informó que trasladó el caso a la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Cesar.
Trabajadores piden una solución de fondo
Funcionarios y extrabajadores aseguran que la crisis del IDREEC se ha profundizado durante varios años.
Según explican, el problema ya no afecta únicamente las finanzas de la entidad. También golpea directamente la economía de las familias que dependen de esos ingresos.
La petición recuerda que en 2022 las autoridades viabilizaron un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo 2022-2026.
El objetivo era mejorar la sostenibilidad del instituto y ampliar su portafolio de servicios.
La estrategia también contemplaba fortalecer áreas de salud mental y atención a personas con consumo de sustancias psicoactivas. Para ello, se proyectaron inversiones en infraestructura y dotación.
Según los trabajadores, la Gobernación del Cesar destinó $1.544 millones para infraestructura y $822 millones para equipos médicos. La inversión total rondaría los $2.366 millones.
Estas cifras hacen parte de los argumentos presentados en la solicitud. Las autoridades deberán revisarlas dentro de los procesos administrativos correspondientes.
Cinco entidades revisarán el caso
La Presidencia explicó que no resolverá directamente todos los puntos planteados.
Por esa razón, remitió la petición a las entidades que tienen competencia sobre cada asunto.
La Superintendencia Nacional de Salud revisará los temas de inspección, vigilancia y control. El Ministerio del Trabajo deberá analizar las obligaciones laborales.
Por su parte, los ministerios de Salud y Hacienda podrán estudiar los aspectos financieros e institucionales. La Gobernación del Cesar también deberá pronunciarse dentro de sus competencias.
La comunicación enviada al Ministerio de Salud pide evaluar la situación y responder de fondo a los trabajadores.
Este traslado no significa que Presidencia haya ordenado la intervención o liquidación del IDREEC.
Hasta ahora, lo confirmado es que las entidades nacionales deberán estudiar el caso y definir qué actuaciones corresponden.
¿Qué piden los trabajadores?
Los trabajadores solicitaron una mesa técnica de alto nivel.
En ella esperan la participación de los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo, Supersalud, Gobernación del Cesar y representantes laborales.
También piden que las autoridades definan el futuro institucional del IDREEC.
Entre las alternativas mencionan la reformulación, prórroga o reestructuración del programa de saneamiento fiscal y financiero.
También plantean una eventual liquidación ordenada si las autoridades concluyen que no existe otra salida.
Sin embargo, los trabajadores insisten en una condición: cualquier decisión debe garantizar primero los recursos necesarios para pagar las obligaciones laborales pendientes.
Además, solicitaron revisar de manera integral el contrato relacionado con las obras financiadas para fortalecer nuevos servicios.
El objetivo es establecer cómo se ejecutaron los recursos y determinar si existen responsabilidades o pólizas que deban hacerse efectivas.
Una crisis que viene de años atrás
Los atrasos salariales en el IDREEC no comenzaron ahora.
Años atrás, la propia Gobernación del Cesar ya había reconocido demoras prolongadas en los pagos y había firmado convenios para inyectar recursos a la entidad.
El nuevo capítulo lleva el problema a manos de autoridades nacionales.
Los trabajadores esperan que esta revisión produzca decisiones concretas sobre salarios atrasados, sostenibilidad financiera y continuidad de los servicios de rehabilitación que presta el instituto en el Cesar.
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