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Guillermo Andrés Echavarría Gil rompió el silencio sobre la controversia que mantiene suspendida su designación como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC). El docente aseguró que cumplió los requisitos para ocupar el cargo, defendió la legalidad del procedimiento adelantado por el Consejo Superior y afirmó que respetará la sentencia que finalmente adopte el Consejo de Estado.
Echavarría habló cuando el proceso de nulidad electoral está entrando en su etapa decisiva. La Sección Quinta ya determinó que resolverá mediante sentencia anticipada, mientras uno de los demandantes presentó sus alegatos de conclusión insistiendo en que debe anularse el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual fue designado rector para el periodo 2026-2030. Aunque respondió públicamente a los cuestionamientos, Echavarría evitó desarrollar los argumentos jurídicos de su defensa. Señaló que esas razones deben ser expuestas dentro del expediente y no anticipadas a través de los medios de comunicación.
Echavarría asegura que cumplió los requisitos
Uno de los principales puntos de la demanda está relacionado con la experiencia académica mínima de cinco años exigida por las normas internas de la Universidad Popular del Cesar para aspirar a la rectoría. Cuando decretó la suspensión provisional, el Consejo de Estado concluyó de manera preliminar que la certificación expedida por la UPC permitía acreditar a Echavarría cuatro años, diez meses y 26 días de experiencia docente para el momento de su inscripción, realizada el 26 de noviembre de 2025.
El alto tribunal consideró entonces que no estaba acreditado el mínimo de cinco años establecido por las normas internas de la universidad. Esa conclusión sirvió de fundamento para suspender provisionalmente los efectos del acto de designación mientras se adopta una decisión definitiva. Echavarría sostiene una posición diferente. En sus declaraciones conocidas este lunes aseguró que sí cumplió las condiciones necesarias para llegar a la rectoría y que su designación se produjo de acuerdo con la normatividad de la UPC.
Por ahora, esa controversia continúa abierta. La posición adoptada por el Consejo de Estado al decretar la medida cautelar fue preliminar y será la sentencia de fondo la que determine si la elección se ajustó o no a las reglas aplicables.
Consejo de Estado suspendió su designación en mayo
La Sección Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el 7 de mayo de 2026 los efectos del Acuerdo 011 del 9 de marzo, mediante el cual el Consejo Superior Universitario designó a Echavarría como rector para el periodo 2026-2030. La medida cautelar apartó temporalmente a Echavarría del ejercicio del cargo mientras avanza el proceso de nulidad electoral; posteriormente, el alto tribunal mantuvo la suspensión al resolver los recursos presentados contra esa decisión. Noticias del Cesar ya había informado sobre esa determinación en Se mantiene suspendida la elección de Echavarría en la UPC.
La suspensión provisional no equivale a la anulación definitiva de la elección. Su finalidad es mantener temporalmente sin efectos el acto cuestionado mientras el juez electoral estudia la legalidad de fondo.
Demandante insiste en anular la elección
El proceso avanzó recientemente con la presentación de los alegatos de conclusión de Luis Fernando Padilla Pérez, uno de los demandantes. Padilla pidió nuevamente al Consejo de Estado anular la designación y reiteró cuestionamientos sobre tres aspectos: el cumplimiento de la experiencia académica exigida, una posible inhabilidad y la forma como se produjo la votación dentro del Consejo Superior Universitario.
Echavarría fue consultado sobre esos señalamientos. Respondió que su defensa será presentada dentro del expediente y evitó debatir públicamente cada uno de los argumentos mientras la Sección Quinta estudia el caso. También se pronunció sobre los cuestionamientos relacionados con la participación del representante de los docentes dentro de la votación del Consejo Superior. El rector designado defendió la legalidad del procedimiento, pero dejó la discusión jurídica de fondo en manos de sus abogados y del Consejo de Estado.
El proceso irá directamente a sentencia
La controversia está ahora más cerca de una decisión definitiva. La Sección Quinta determinó el 8 de septiembre que el expediente puede resolverse mediante sentencia anticipada, debido a que considera suficientes los documentos y elementos que ya hacen parte del proceso. Eso significa que no será necesario realizar audiencia inicial ni abrir una nueva etapa para practicar pruebas. Tampoco se consideró necesaria una audiencia de alegaciones y juzgamiento.
En cambio, las partes recibieron el término correspondiente para presentar sus argumentos finales antes del fallo. La decisión acorta el camino procesal y coloca el caso en su etapa definitiva: una vez estudiados los alegatos, la Sección Quinta podrá pronunciarse sobre la legalidad de la designación.
¿Qué puede decidir el Consejo de Estado?
El alto tribunal deberá determinar si Guillermo Echavarría cumplía todos los requisitos exigidos al momento de inscribirse y si el procedimiento adelantado por el Consejo Superior respetó las normas aplicables. Si las demandas prosperan, el Consejo de Estado puede declarar la nulidad del acto mediante el cual fue designado rector.
Si, por el contrario, rechaza los argumentos de los demandantes, la designación podría conservar su validez en los términos que establezca la sentencia. Hasta este lunes 21 de septiembre no existe una sentencia definitiva. Lo que permanece vigente es la suspensión provisional decretada en mayo. Echavarría aseguró que respetará cualquiera que sea la decisión del Consejo de Estado. Mientras tanto, la Universidad Popular del Cesar continúa a la espera de un fallo que definirá quién podrá ejercer definitivamente la rectoría durante el periodo 2026-2030.
