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Una inspección interna encontró fallas documentales, debilidades de planeación y problemas de control en unidades de contrainteligencia militar. El Ejército aseguró que los hallazgos son administrativos, mientras la Fiscalía investiga cuestionamientos diferentes relacionados con el manejo de gastos reservados.
El Ejército Nacional reconoció la existencia de 17 hallazgos en contrainteligencia militar, luego de que la revista Semana revelara apartes de un informe interno que advierte fallas en procedimientos, manejo documental, planeación de misiones y control de recursos reservados.
La institución explicó que la inspección se realizó en marzo de 2026, en cumplimiento del Plan Anual número 00002515, expedido el 16 de enero. Según su versión, la revisión hacía parte de las auditorías programadas para las unidades orgánicas de la Fuerza.
La respuesta se produjo después de que Semana publicara que tuvo acceso a una revista de inspección relacionada con el Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia y otras unidades del Ejército.
El medio informó inicialmente sobre 16 hallazgos en cuatro unidades. El Ejército, en cambio, reconoció 17. La institución sostuvo que todos son de carácter administrativo y que no tienen, por ahora, incidencia disciplinaria, fiscal, penal ni administrativa.
Documentos sin firmas y ausencia de soportes
Entre las situaciones expuestas se encuentra la falta de actas de autorización de montos correspondientes a gastos reservados ejecutados durante 2025.
La inspección también habría encontrado actas elaboradas en 2026 sin las firmas requeridas. Además, no se habría preparado el informe que debía sustentar la autorización de determinados montos.
Estas inconsistencias resultan sensibles porque los gastos reservados financian actividades que requieren estrictos controles internos. Entre ellas figuran las operaciones de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal y protección de informantes.
La Ley 1097 de 2006 establece que estos recursos tienen carácter secreto. Sin embargo, también exige mecanismos especializados de programación, justificación, auditoría y vigilancia. Las oficinas de control interno deben verificar que cada gasto tenga relación con las actividades autorizadas por la ley.
Cerca de 2.000 cajas sin organizar
Otro punto identificado está relacionado con la gestión de archivos del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia.
De acuerdo con la publicación, la inspección encontró un fondo documental compuesto por aproximadamente 2.000 cajas. La unidad no tendría un plan estructurado para clasificarlas, establecer tiempos de organización y medir el avance del proceso.
El informe también habría advertido falta de planeación y escasa participación del Estado Mayor en la preparación de una misión de trabajo del Batallón de Gestión Operacional.
Según los apartes publicados, esa situación afectaría la trazabilidad de las actividades de inteligencia. Cada misión debe contar con autorización, planeación previa y mecanismos que permitan determinar quién ordenó la operación, cómo se ejecutó y cuáles fueron sus resultados.
También se señalaron documentos elaborados sin ajustarse completamente a las normas vigentes y formatos de información del personal civil que no estarían actualizados.
Ejército anuncia nueva auditoría
El Ejército manifestó que los 17 hallazgos dieron origen a un plan de mejoramiento para fortalecer los procesos institucionales.
El cumplimiento de esas medidas será revisado en una nueva auditoría programada para agosto de 2026.
La institución insistió en que las observaciones encontradas durante la inspección no constituyen, por sí solas, pruebas de delitos, faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal.
Esta precisión es importante. Un hallazgo administrativo puede mostrar una deficiencia en un procedimiento, un archivo incompleto o la falta de un control. Sin embargo, para establecer una responsabilidad individual deben adelantarse investigaciones con garantías procesales y elementos probatorios.
Gastos reservados están bajo investigación
En su comunicado, el Ejército también se refirió a los cuestionamientos sobre el empleo de gastos reservados. Señaló que esos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelanta una investigación.
La institución no precisó públicamente el número del proceso, los nombres de los investigados ni la etapa en la que se encuentra la actuación.
Estos señalamientos tienen antecedentes. En enero de 2026, Semana publicó denuncias según las cuales varios integrantes de inteligencia habrían intentado presentar una fuente humana falsa para tramitar una recompensa relacionada con la muerte de Edilberto Marín Gómez, alias Paisa Duber, señalado integrante de las disidencias de las Farc.
La denuncia sostenía que la fuente que originalmente habría suministrado la información fue asesinada. Posteriormente, algunos uniformados presuntamente buscaron presentar a otra persona como informante para gestionar un pago cercano a los 600 millones de pesos.
El Ejército respondió entonces que no se había pagado ninguna recompensa por esa operación y confirmó que el caso había sido remitido a la Fiscalía. También aseguró que las unidades involucradas abrieron actuaciones internas para establecer posibles responsabilidades.
Otros casos denunciados
Las publicaciones también mencionaron una supuesta misión de inteligencia en Arauca que habría sido legalizada mediante información que no correspondía con las actividades realizadas.
La misión estaba relacionada con la recolección de información para anticipar acciones del ELN. Días después ocurrió el ataque contra la base militar de Puerto Jordán, perpetrado en septiembre de 2024, que dejó tres militares muertos y más de 20 heridos.
Otro señalamiento involucró gastos realizados cuando el general Federico Mejía comandaba el Comando Específico del Cauca. Según los documentos conocidos por el medio, recursos reservados habrían sido utilizados para conceptos logísticos que no corresponderían con su finalidad legal.
Mejía manifestó en su momento que desconocía el caso y pidió que las autoridades investigaran para determinar si existieron conductas irregulares.
La Procuraduría también abrió una actuación después de las denuncias publicadas en enero sobre posibles irregularidades en el manejo de estos recursos. Hasta ahora, no se conoce públicamente una decisión de fondo contra los militares mencionados.
Dos asuntos que no deben confundirse
La controversia actual contiene dos componentes distintos.
El primero corresponde a los 17 hallazgos administrativos encontrados durante la inspección de marzo. Estos dieron origen a un plan de mejoramiento y serán revisados nuevamente en agosto.
El segundo está relacionado con denuncias específicas sobre el posible manejo irregular de gastos reservados. Estos hechos fueron trasladados a la Fiscalía y requieren una investigación independiente para establecer si hubo delitos o responsabilidades individuales.
Mientras avanzan las verificaciones, el Ejército reiteró su compromiso con la transparencia, el control interno y el fortalecimiento de sus procesos de inteligencia y contrainteligencia.