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Un proyecto concebido para recuperar uno de los principales corredores ambientales del departamento terminó bajo revisión disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Jorge Luis Fernández Ospino, exdirector de Corpocesar, por posibles irregularidades en el concurso que permitió contratar los estudios del Plan de Restauración Ecológica del río Cesar y su bosque ripario.
La actuación se concentra en un proceso adelantado durante 2023 mediante concurso de méritos abierto. El Ministerio Público quiere establecer si las reglas permitieron una competencia real o si, por el contrario, algunas exigencias pudieron reducir la participación. La investigación está en etapa inicial y no constituye una sanción ni determina responsabilidad del exfuncionario.
Un solo proponente para un contrato cercano a $9.290 millones
Uno de los principales interrogantes está en la cantidad de participantes. Según la Procuraduría, únicamente se presentó la Unión Temporal Río Cesar, que posteriormente obtuvo el contrato por un valor cercano a $9.290 millones. Para el organismo de control resulta llamativo que un proceso abierto haya terminado con un único oferente.
Los registros públicos del proceso muestran que Corpocesar abrió en agosto de 2023 un concurso de méritos para realizar los estudios y formular el plan de restauración. El presupuesto publicado para ese proceso rondaba los $9.313 millones, mientras la cifra mencionada ahora por la Procuraduría corresponde al valor aproximado del contrato adjudicado.
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¿Qué busca establecer la Procuraduría?
La Segunda Delegada para la Contratación Estatal revisará si los requisitos fijados por Corpocesar fueron objetivos y proporcionales. También deberá determinar si alguna condición pudo dificultar que otras firmas presentaran propuestas o si existieron elementos que terminaron favoreciendo al único participante.
Que solo haya existido un oferente no demuestra por sí mismo una irregularidad. El punto que deberá esclarecer la investigación es si esa falta de competencia fue producto normal del mercado o si tuvo relación con las condiciones establecidas por la entidad para participar en el concurso.
Un proyecto que abarcaba Cesar y La Guajira
El alcance ambiental del contrato era considerable. Su objeto contemplaba los estudios y la formulación del Plan de Restauración Ecológica del río Cesar y su bosque ripario, con intervención sobre territorios de los departamentos del Cesar y La Guajira.
Los registros oficiales de inversión relacionan el proyecto con municipios como Valledupar, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El Paso y San Diego, además de El Molino, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar y Urumita, en La Guajira.
La importancia del plan radica en que el bosque ripario funciona como una franja natural de protección alrededor de los cuerpos de agua. Su recuperación puede ayudar a controlar erosión, proteger biodiversidad y reducir deterioro de las rondas hídricas.
También revisarán qué pasó con la ejecución
El segundo frente de la investigación está relacionado con el cumplimiento del contrato. La Procuraduría señaló que Corpocesar no habría aportado las actas de terminación y liquidación requeridas para verificar formalmente si los productos contratados fueron entregados y recibidos a satisfacción.
Ese punto adquiere relevancia porque documentos posteriores de la propia Corporación muestran otra pieza del expediente. En su informe de gestión del primer semestre de 2025, Corpocesar indicó que había recibido satisfactoriamente los entregables de la consultoría correspondiente al Plan de Restauración Ecológica del río Cesar.
La existencia de entregables, sin embargo, no reemplaza necesariamente las actas contractuales que ahora solicita el organismo de control. Precisamente la investigación deberá establecer el estado jurídico y financiero definitivo del contrato y comprobar qué documentos respaldan su cierre.
Corpocesar reportó el proyecto dentro de su gestión ambiental
Una resolución conjunta expedida en marzo de 2025 por Corpocesar y Corpoguajira también menciona el Contrato de Consultoría 19-6-0187-0-2023. El documento señala que mediante esa contratación se desarrollaron fases y actividades relacionadas con la restauración del río Cesar y su bosque ripario.
Además, el visor oficial de inversiones registra el proyecto con el código BPIN 20233219000004 y lo presenta actualmente con estado “terminado”. Ese registro constituye un dato administrativo sobre el proyecto, pero tampoco sustituye la verificación disciplinaria que adelanta la Procuraduría sobre contratación, competencia y cierre contractual.
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La situación ambiental del río Cesar sigue bajo vigilancia
La investigación llega mientras el propio río Cesar enfrenta nuevas alertas. En julio, la Procuraduría inició una actuación preventiva por el deterioro progresivo de la cuenca y pidió información a Corpocesar y a la Alcaldía de Valledupar sobre las acciones adelantadas durante 2025 y 2026.
Entre los problemas identificados aparecen erosión, contaminación por vertimientos, conflictos en el uso del suelo y efectos del cambio climático. Para el organismo de control, estas condiciones pueden afectar la disponibilidad futura de agua, la actividad agropecuaria y el equilibrio ambiental del territorio.
Por eso, la discusión sobre el contrato supera el ámbito administrativo. Los estudios contratados debían servir precisamente para orientar decisiones de recuperación sobre una cuenca estratégica para Valledupar y otros municipios del Cesar.
Investigación apenas comienza
Ahora la Procuraduría deberá recopilar documentos, revisar el pliego de condiciones, analizar los requisitos exigidos y verificar las actuaciones desarrolladas durante la adjudicación. También podrá contrastar los informes de ejecución con las actas y soportes contractuales que existan.
Por el momento, Jorge Luis Fernández Ospino está bajo investigación disciplinaria y no existe una decisión que establezca responsabilidad. El proceso deberá definir si hubo alguna conducta irregular o si la contratación se desarrolló conforme a las normas.
El caso deja dos asuntos centrales bajo examen: por qué un contrato de esta magnitud tuvo un solo oferente y cuál fue el cierre real de una consultoría creada para orientar la recuperación ambiental del río Cesar.