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El proyecto de Mello Castro busca que la Nación financie hasta el 100 % de los planes de seguridad presentados por territorios que albergan cárceles de alta y mediana seguridad. La propuesta beneficiaría directamente a Valledupar y al Cesar, donde funcionan tres establecimientos de reclusión del orden nacional.
El representante liberal por el Cesar radicó la iniciativa este viernes 4 de septiembre ante la Cámara de Representantes. Su propósito es crear condiciones diferenciales para que estos municipios y departamentos accedan a recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON.
La propuesta parte de una situación concreta. Aunque la política penitenciaria depende del Gobierno nacional, los territorios deben responder por varios efectos externos. Entre ellos están las mayores exigencias de vigilancia, prevención, inteligencia, tecnología y reacción institucional.
“Valledupar no puede seguir asumiendo sola el costo de tener una cárcel de alta seguridad. Si estos territorios cumplen una responsabilidad que hace parte de una política nacional, también deben contar con mayores herramientas y recursos para proteger la tranquilidad de su gente”, afirmó Castro.
¿Cómo funcionaría la financiación propuesta?
El proyecto de Mello Castro permitiría que FONSECON financie o cofinancie hasta el 100 % de las iniciativas territoriales relacionadas con seguridad y convivencia. Asimismo, los municipios y departamentos beneficiarios podrían quedar exentos, total o parcialmente, de aportar recursos propios.
Por lo tanto, una administración territorial podría presentar proyectos para fortalecer sistemas de vigilancia, centros de monitoreo, comunicaciones o capacidad operativa. Sin embargo, el beneficio no consistiría en una transferencia automática de dinero. Cada propuesta tendría que cumplir los requisitos técnicos y presupuestales correspondientes.
Actualmente, FONSECON financia programas y proyectos destinados a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. Los recursos también pueden respaldar el fortalecimiento de la gobernabilidad local y territorial. La iniciativa pretende incorporar una priorización específica para las regiones que reciben población penitenciaria de alta peligrosidad.
La radicación representa un avance frente al anuncio realizado por Castro en agosto. En ese momento, Noticias del Cesar informó que el congresista preparaba una compensación para las ciudades que reciben cárceles de alto riesgo. Ahora comienza el trámite legislativo que definirá si la propuesta puede convertirse en ley.
Valledupar y Aguachica entrarían entre los beneficiarios
La iniciativa tiene una incidencia particular en el Cesar. Según la información del INPEC incluida en el proyecto, el departamento alberga tres centros de reclusión nacionales: dos en Valledupar y uno en Aguachica.
Entre ellos sobresale la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. También funcionan la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Valledupar y el establecimiento de media seguridad de Aguachica.
Este último tiene capacidad para 70 personas privadas de la libertad, según la información institucional publicada por el INPEC. Por su parte, La Tramacúa recibe internos de distintas regiones del país y representa el principal argumento territorial de la propuesta.
Castro sostiene que la presencia de estos establecimientos genera necesidades que van más allá de su operación interna. Según su planteamiento, las autoridades locales también deben enfrentar dinámicas externas que pueden afectar la convivencia y demandar una mayor capacidad institucional.
“Lo que buscamos es una distribución más justa de las responsabilidades. La Nación debe acompañar con recursos a los territorios que albergan establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad”, señaló el representante.
El proyecto apenas inicia su trámite en el Congreso
La radicación no significa que la financiación ya esté disponible. El proyecto deberá ser publicado oficialmente, asignado a una comisión constitucional y superar los debates reglamentarios en la Cámara y el Senado. Después necesitará la sanción presidencial para convertirse en ley.
En consecuencia, el alcance definitivo podría cambiar durante la discusión legislativa. Los congresistas deberán analizar su impacto fiscal, las condiciones para acceder a los recursos y los criterios utilizados para identificar a las entidades territoriales beneficiarias.
La Cámara de Representantes confirmó oficialmente la radicación y destacó su incidencia sobre Valledupar. Si la iniciativa supera el trámite, el Cesar podría obtener una vía preferente para financiar infraestructura, tecnología y capacidades operativas de seguridad.
