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El Juzgado Tercero de Familia de Valledupar suspendió temporalmente el desalojo del predio Sabana 1, previsto para el 31 de agosto. La decisión surgió tras una tutela presentada por habitantes de Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa.
La jueza Ana Milena Saavedra Martínez admitió la acción contra la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Además, ordenó detener la diligencia mientras analiza de fondo las reclamaciones hechas por las familias que habitan el sector.
El desalojo de Sabana 1 queda en pausa
La decisión no elimina de manera definitiva la orden de desalojo. El juzgado busca evitar que la diligencia se ejecute antes de resolver la tutela, en la que los habitantes alegan posibles afectaciones a sus derechos fundamentales y a sus condiciones de vivienda.
El predio Sabana 1 pertenece a los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes y actualmente lo reclama Mauricio Pimiento Naranjo como sucesor. Desde 2008, miles de personas ocuparon el terreno y formaron cuatro asentamientos que hoy concentran una numerosa población.
Familias piden censo y garantías
Los habitantes también solicitaron un nuevo censo y la habilitación de albergues mientras las autoridades encuentran una solución. Sin embargo, el juzgado decidió no aprobar esas medidas de forma provisional y anunció que las estudiará dentro de la sentencia definitiva.
En estos sectores viven víctimas del conflicto armado, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Esa condición de vulnerabilidad ocupa un lugar central en el proceso judicial, junto con el derecho de propiedad y la necesidad de garantizar alternativas dignas para las familias.
El conflicto lleva varios años
La disputa tiene como antecedente la Sentencia T-946 de 2011 de la Corte Constitucional. Ese fallo fijó obligaciones sobre el desalojo y ordenó adoptar medidas para proteger a las familias afectadas, especialmente en temas de vivienda y acompañamiento institucional.
Desde entonces, las autoridades han intentado cumplir la decisión en varias oportunidades. También surgieron incidentes de desacato y propuestas para modificar la forma de ejecutar la orden. Entre las alternativas planteadas aparece la posible compra del terreno por parte del municipio.
Juzgado deberá tomar una decisión definitiva
El proceso también involucra a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, el Ministerio Público y la Inspección Séptima Urbana de Policía. Estas entidades deberán presentar sus posiciones antes de que el juzgado adopte una decisión definitiva sobre la tutela.
Por ahora, el desalojo queda suspendido y las familias permanecerán en el lugar. La próxima decisión judicial deberá definir cómo proteger sus derechos sin desconocer las órdenes existentes sobre la propiedad del predio Sabana 1.
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