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El Consejo de Estado confirmó una condena contra el municipio de Valledupar y ordenó el pago de $896.338.096 al Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La obligación corresponde a servicios de atención de emergencias prestados durante varios meses de 2016, cuando el organismo continuó trabajando pese a que no existía un contrato vigente con la administración municipal.
La decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió durante más de ocho años y que pasó por diferentes instancias. Los Bomberos acudieron a la justicia para reclamar el reconocimiento económico de las labores realizadas entre enero y abril de 2016, periodo en el que siguieron atendiendo emergencias en la capital del Cesar.
¿Cómo se originó la deuda?
El caso se remonta al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de abril de 2016. Durante esos meses, el Cuerpo de Bomberos continuó atendiendo incendios, rescates y otras situaciones de emergencia, aun cuando la Alcaldía todavía no había formalizado un nuevo contrato para garantizar la prestación del servicio.
De acuerdo con el expediente, en ese periodo los Bomberos atendieron 407 emergencias y participaron en 29 reuniones y actividades de prevención solicitadas por diferentes dependencias municipales. El nuevo contrato entre el organismo de socorro y el municipio solo comenzó a regir a partir del 27 de abril de ese mismo año.
Para el Consejo de Estado, Valledupar recibió y se benefició de un servicio que tenía la obligación de garantizar. Además, consideró que los Bomberos no podían simplemente dejar de atender las emergencias debido a la ausencia de un contrato, pues su actividad resulta esencial para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.
La reclamación llegó a los tribunales
El Cuerpo de Bomberos presentó la demanda en febrero de 2018 y reclamó inicialmente cerca de $850 millones por las labores realizadas. La cifra se calculó tomando como referencia el costo mensual de los servicios que el organismo prestó durante el periodo en el que no existía una relación contractual formal con el municipio.
En enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar falló parcialmente a favor de los Bomberos y estableció una compensación de $821.666.666. La administración municipal apeló la decisión al considerar que no se cumplían los requisitos para reconocer un enriquecimiento sin justa causa.
Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó que el municipio sí obtuvo un beneficio por los servicios prestados sin realizar el pago correspondiente. La corporación respaldó así la obligación de reconocer económicamente el trabajo desarrollado por el organismo de socorro durante aquellos meses de 2016.
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La cifra aumentó hasta los $896 millones
El alto tribunal también actualizó el valor de la condena teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con ese ajuste, la obligación económica quedó establecida en $896.338.096, cifra que deberá asumir el municipio de Valledupar una vez se cumplan los procedimientos establecidos para ejecutar la sentencia.
Además del monto principal, la administración deberá responder por las costas correspondientes a la segunda instancia. La decisión representa una nueva obligación para las finanzas municipales y revive el debate sobre las consecuencias económicas que pueden dejar contratos, servicios y compromisos administrativos que no se formalizan oportunamente.
Después de casi una década, Valledupar tendrá que desembolsar una suma cercana a los $900 millones por unos servicios que los Bomberos prestaron en 2016. El fallo también deja como precedente la obligación de las entidades públicas de garantizar el pago cuando reciben servicios indispensables, incluso cuando existen fallas en los procesos administrativos o contractuales.