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Los 28 hospitales públicos del Cesar anunciaron el inicio de un paro indefinido a partir de la medianoche, es decir, al comenzar el lunes 3 de agosto. La decisión fue adoptada después de que, según los gerentes, no se concretaran respuestas ni acuerdos de pago con el Gobierno nacional y las EPS intervenidas.
La red hospitalaria reclama una cartera acumulada cercana a los $355.000 millones, obligación que compromete la sostenibilidad financiera de las instituciones y limita su capacidad para cubrir salarios, contratos, medicamentos, insumos y otros gastos indispensables para atender a los pacientes.
Paro afectará a más de un millón de usuarios
La protesta tendría efectos sobre más de un millón de afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado. Los usuarios están distribuidos en 25 municipios del norte, centro y sur del departamento, incluida Valledupar.
Mientras permanezca vigente el paro, los hospitales suspenderán las citas programadas y los procedimientos especializados. Las instituciones anunciaron que únicamente prestarán atención a las urgencias vitales, con el propósito de proteger a los pacientes cuya vida se encuentre en peligro.
La medida podría generar represamiento de consultas, cirugías y tratamientos que ya estaban programados. También aumenta la preocupación entre pacientes con enfermedades crónicas que requieren seguimiento periódico, controles especializados o continuidad en sus procedimientos.
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Hospitales aseguran que operan en números rojos
Los gerentes de diferentes centros asistenciales señalaron que la falta de pago por parte de las EPS ha llevado a varias instituciones a una situación financiera crítica. Algunos hospitales enfrentan dificultades para cumplir sus compromisos con médicos, enfermeros, contratistas y trabajadores administrativos.
Ana Sofía Maldonado, gerente del Hospital San Juan Bosco de Bosconia, señaló que esa institución trabaja con serias dificultades económicas. Entre las entidades mencionadas por sus obligaciones pendientes aparecen Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud.
Por su parte, Karen Liñán, gerente del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumaní, sostuvo que las instituciones necesitan recursos suficientes para garantizar su funcionamiento y la continuidad de los servicios. Los directivos reclaman que se establezca un acuerdo real de pago y no solamente nuevas mesas de seguimiento.
Médicos han solicitado el cierre de servicios
La situación también ha provocado inconformidad entre el personal asistencial. Yesenia Hernández, gerente del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres de La Jagua de Ibirico, informó que algunos profesionales han solicitado cerrar servicios debido al incumplimiento en el pago de sus contratos.
Los hospitales advierten que la falta de liquidez no solo afecta a los trabajadores. También reduce la capacidad para comprar insumos, contratar servicios, realizar mantenimientos y garantizar el funcionamiento de áreas esenciales.
Las instituciones solicitaron la intervención de los organismos nacionales, los agentes designados en las EPS y las autoridades territoriales. Su objetivo es conseguir una solución que permita levantar la protesta y reactivar completamente la atención.
Gobernación advierte efectos sobre los pacientes
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, advirtió que la crisis financiera termina afectando directamente a los usuarios. La mandataria señaló que las interrupciones pueden retrasar tratamientos y agravar el estado de salud de quienes necesitan atención oportuna.
Sanjuán también llamó la atención sobre las condiciones del personal médico, asistencial y administrativo. Trabajadores que tuvieron un papel fundamental durante la pandemia enfrentan ahora retrasos e incertidumbre en el pago de sus obligaciones laborales.
Paro seguirá hasta lograr acuerdos de pago
Los gerentes indicaron que el paro será indefinido y continuará hasta que exista una respuesta concreta frente a la deuda. La red hospitalaria espera que las EPS presenten cronogramas de pago verificables y entreguen recursos que permitan superar la falta de liquidez.
Durante el cese se mantendrán disponibles los servicios destinados a preservar la vida. Sin embargo, los hospitales pidieron a los usuarios verificar previamente la atención de citas y procedimientos, debido a que gran parte de la programación ordinaria quedará congelada.
La crisis mantiene en alerta al departamento por el impacto que podría tener sobre miles de pacientes. Los hospitales insisten en que la protesta no busca perjudicar a la ciudadanía, sino exigir los recursos necesarios para sostener la red pública y evitar un deterioro mayor en la prestación del servicio.
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