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El control territorial en Cesar y La Guajira aparece desde ya como una de las primeras pruebas de la nueva política de seguridad nacional. La expansión de estructuras armadas, la disputa por corredores estratégicos y las alertas sobre la Sierra Nevada colocan a esta región en un punto sensible. El nuevo ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora López, anunció una ofensiva que combinará inteligencia, presión militar, lucha contra las finanzas criminales, erradicación de cultivos ilícitos y mayor cooperación con Estados Unidos.
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La promesa de “recuperar el control territorial” puede sonar como una declaración nacional; sin embargo, en el Caribe colombiano adquiere una dimensión mucho más concreta. Cesar y La Guajira están conectados con escenarios donde diferentes estructuras ilegales han ampliado su influencia, disputan corredores y ejercen presión sobre comunidades y actividades económicas.
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Control territorial en Cesar y La Guajira: una región bajo presión
La Fundación Ideas para la Paz, FIP, incluyó a la Sierra Nevada de Santa Marta entre las zonas del país donde existen dinámicas de hegemonía armada. El concepto va mucho más allá de la presencia de hombres armados.
Según la organización, algunas estructuras regulan la movilidad, imponen normas, intervienen en conflictos comunitarios y ejercen presión sobre organizaciones sociales. También pueden influir en dinámicas económicas, políticas y administrativas de los territorios.
Ese diagnóstico resulta especialmente sensible para Cesar, Magdalena y La Guajira. Una investigación publicada por la FIP en julio sostiene que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, mantienen influencia principalmente en esos tres departamentos.
La estructura obtiene recursos del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas. Al mismo tiempo, las alertas muestran una ampliación de su incidencia hacia Santander y Norte de Santander.
Por eso, hablar de control territorial en esta zona implica mucho más que desplegar soldados o aumentar patrullajes. El desafío incluye recuperar la capacidad institucional del Estado, proteger a las comunidades y cerrar espacios a las economías criminales.
De la Sierra Nevada hacia nuevos corredores
Una de las advertencias más reveladoras llegó de la Defensoría del Pueblo el pasado 12 de marzo. La entidad alertó sobre la expansión de las ACSN desde La Guajira, Magdalena y Cesar hacia Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander.
La Defensoría señaló que la organización busca controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Además, advirtió que la estructura pasó de una presencia discreta a ejercer un control territorial efectivo en algunas zonas.
El panorama revela una dimensión que puede resultar decisiva para la nueva estrategia del Ministerio de Defensa. Cesar y La Guajira no aparecen solamente como departamentos afectados por estructuras criminales. También forman parte de corredores que pueden comunicar el Caribe con el nororiente colombiano.
El sur del Cesar también encendió las alarmas
La situación no se concentra únicamente alrededor de la Sierra Nevada. La Defensoría también emitió en marzo una alerta para González y Río de Oro, en el Cesar, junto con Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander. Allí identificó riesgos derivados de la confrontación entre estructuras armadas, entre ellas el ELN, facciones disidentes y las ACSN.
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En La Guajira, otra alerta posterior puso el foco sobre Maicao. La entidad advirtió sobre la expansión de las ACSN, la presencia del ELN, disidencias de la Segunda Marquetalia y estructuras de criminalidad organizada.
La condición fronteriza de Maicao aumenta la complejidad. En ese territorio convergen movilidad internacional, comercio, contrabando y corredores utilizados por distintas organizaciones ilegales. Estos antecedentes muestran por qué Cesar y La Guajira pueden convertirse rápidamente en un laboratorio de la nueva política de seguridad.
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El antecedente de ‘Bendito Menor’ ya había puesto la región sobre la mesa
Noticias del Cesar ya había advertido señales de ese giro. En julio, el presidente entonces electo Abelardo de la Espriella declaró objetivo de alto valor a alias ‘Bendito Menor’, señalado cabecilla de las ACSN. La decisión surgió después de la difusión de un video en el que apareció encabezando una caravana de motocicletas en Riohacha.
El episodio adquirió una relevancia política adicional porque Jorge Eduardo Mora ya había sido designado ministro de Defensa. Desde ese momento comenzaba a advertirse que las estructuras criminales del Caribe tendrían un espacio importante dentro de la agenda de seguridad del nuevo Gobierno.
También existen otras señales en el Cesar. En junio, Noticias del Cesar documentó el temor generado por retenes ilegales en un corredor entre Curumaní y La Jagua de Ibirico. Autoridades departamentales atribuyeron preliminarmente esos hechos a presuntos integrantes del ELN.
Estos acontecimientos ayudan a entender que la discusión sobre control territorial no comienza con el discurso del nuevo ministro. La región ya venía acumulando señales de deterioro y disputas por corredores estratégicos.
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Mora anuncia inteligencia, Fuerza Pública y golpe a las finanzas criminales
El general retirado Jorge Eduardo Mora López asumió el Ministerio de Defensa anunciando una estrategia orientada a recuperar territorios y fortalecer la presencia estatal. El ministro aseguró que las estructuras criminales tendrán dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la acción del Estado. Además, anunció un fortalecimiento de la inteligencia y la contrainteligencia para identificar organizaciones, redes de apoyo y fuentes de financiación.
La estrategia también contempla nuevas acciones contra los cultivos ilícitos. El Gobierno anunció el uso de herbicidas de última generación, bajo las restricciones constitucionales y los criterios ambientales y sanitarios correspondientes.
No obstante, todavía deberán conocerse los detalles técnicos. Hasta ahora no se ha precisado públicamente qué sustancias serán utilizadas ni cómo se desarrollarán las operaciones de erradicación.
El anuncio ocurre mientras Colombia mantiene 261.000 hectáreas sembradas con coca, según el monitoreo correspondiente a 2024 publicado por Naciones Unidas y el Gobierno colombiano. Esa cifra representa una variación de 3,5 % frente al año anterior.
Un país con 14 zonas de disputa y más de 27.000 integrantes armados
El nuevo Gobierno recibe un escenario mucho más fragmentado que hace cuatro años. La FIP identifica actualmente 14 zonas de disputa entre actores armados ilegales, el doble de las registradas en 2022. Esas regiones concentran cerca del 80 % de las afectaciones humanitarias relacionadas con estas confrontaciones.
Además, los grupos armados organizados superan los 27.000 integrantes, entre personas armadas y redes de apoyo. El desafío no consiste únicamente en enfrentar grupos más numerosos. Estas organizaciones también han cambiado su funcionamiento.
Utilizan redes descentralizadas, tecnologías de comunicación, sistemas de vigilancia territorial y estructuras financieras difíciles de rastrear. Además, combinan narcotráfico con extorsión, minería ilegal, tráfico de migrantes y otras rentas criminales.
Ese escenario explica por qué el nuevo Gobierno pretende combinar operaciones militares con inteligencia y persecución financiera.
Estados Unidos entra directamente en la nueva ecuación de seguridad
La estrategia tendrá además un componente internacional. Colombia anunció su incorporación al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra organizaciones criminales y narcoterroristas.
El Departamento de Estado estadounidense confirmó el 7 de agosto que Washington busca profundizar su cooperación en seguridad con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. También expresó respaldo a los esfuerzos para recuperar territorios controlados por estructuras armadas.
Estados Unidos indicó, además, que trabaja con su Congreso para anunciar US$1.000 millones en asistencia dentro de un paquete de seguridad para Colombia. La precisión resulta importante: se trata de una intención anunciada por Washington y sujeta al proceso correspondiente con el Congreso estadounidense. No son recursos que ya hayan sido desembolsados.
La lista de grupos narcoterroristas será una pieza clave
Otro elemento puede modificar el escenario jurídico y operacional. Mora anunció que el Gobierno expedirá un decreto con una lista oficial de organizaciones consideradas narcoterroristas. Según explicó La FM, el documento busca ampliar los instrumentos disponibles para enfrentar estas estructuras y sus fuentes de financiación.
El contenido exacto será determinante. Habrá que establecer cuáles organizaciones aparecen incluidas, qué criterios utilizará el Gobierno y qué efectos jurídicos tendrá esa clasificación. También será necesario conocer cómo se articulará con las normas colombianas y las designaciones internacionales existentes.
Mientras el texto oficial no sea publicado, no resulta prudente afirmar qué grupos estarán en la lista.
Cesar y La Guajira serán una prueba temprana
La pregunta ahora no es solamente qué tan intensa será la ofensiva. La verdadera prueba será comprobar si el Estado consigue transformar presencia militar en control institucional permanente, seguridad para las comunidades, investigación judicial y reducción efectiva de las economías ilegales.
En Cesar y La Guajira esa prueba puede comenzar temprano. La Sierra Nevada presenta dinámicas de gobernanza criminal advertidas por investigadores. El sur del Cesar aparece conectado con disputas que llegan hasta Norte de Santander. Maicao enfrenta riesgos asociados a organizaciones armadas y criminalidad transnacional.
Por eso, el control territorial en Cesar y La Guajira puede convertirse en uno de los primeros indicadores para medir si la nueva estrategia nacional logra pasar del discurso a resultados verificables.
El Gobierno ha anunciado inteligencia, presión militar, persecución financiera, erradicación de cultivos ilícitos, cooperación internacional y una nueva clasificación de estructuras criminales.
Ahora vendrá la parte más difícil: recuperar territorios donde el problema no consiste solamente en quién porta las armas, sino en quién termina imponiendo las reglas.